ESPECIAL
OCTOPUS
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala que la intervención estatal con la víctima del delito deberá propiciar que el afectado emerja de la situación a la que sin su voluntad se le confinó. Sin embargo, con el tiempo se ha distorsionado la personalidad jurídica de la víctima, convirtiéndose muchas veces en irascible titular de venganza, que busca ser favorecida pecuniariamente, a veces sin medida.
Desde hace un mes, un grupo de personas mantienen un plantón en el exterior de las oficinas de la Comisión Estatal Ejecutiva de Vícitmas del Delito (CEEAV), bloqueando la calle de Ignacio López Rayón. Son víctimas directas e indirectas que exigen la destitución del comisionado Jorge Vega Arroyo, a quién acusan de no otorgar el Fondo de Ayuda para la reparación del daño y de no brindar atención a las personas que acuden a esa institución en busca de asesoría legal y acompañamiento.
Estos son algunos casos de las víctimas que están en el plantón, un poco más de datos y usted tiene la última palabra:
Marichuy
En el 2013 comenzó a sufrir el acoso sexual de Juan Martín Gatica Izaguirre, compañero de trabajo y delegado sindical. Durante cuatro años sufrió violencia laboral como represalia a su denuncia contra el agresor, y hasta noviembre 2018, la Quinta Sala del Poder Judicial del Estado, emitió la resolución condenatoria, contra el agresor. Sin embargo, hasta la fecha Marichuy busca que se inhabilite del cargo público a su agresor y que la reparación del daño sea acorde a lo que señala la ley.
Aunque se retractó, diversos diarios locales habían publicado que Marichuy está pidiendo una cifra cuantiosa como reparación del daño “Gasté más de un millón de pesos en el proceso, y la CEEAV me da 8 mil 500 pesos” (La Brecha).
Sin interés de reevictimizar, pero Marichuy es empleada basificada y sindicalizada de una dependencia
Cómo víctima, tiene derecho a la reparación del daño, sin embargo como trabajadora gubernamental con basificación y nivel de jefe de oficina gana un sueldo mensual de $33,874.00 pesos, por lo que debería cumplir con un horario.
Algo que seguramente le causa molestia es que su agresor, también labora en la misma dependencia, con un sueldo un poco mayor al de ella, de $38,018.00 pesos.
Mario Hernández Bravo
Indicó ser víctima de violencia familiar al igual que sus cuatro hijos por su esposa, Miriam, sobrina política de Alejandro Leal Tovías, secretario de gobierno, motivo por el cual no se la ha dado atención a su caso.
Sin embargo, encontramos que ya existe un juicio de materia familiar y que en los próximos días, se llevará a cabo una diligencia de gran importancia, lo que indica que sí se está atendiendo su situación.
Una menor de edad
Marcela y Roberto, padres de una pequeña niña de nombre Lia, la cual fue violada por dos maestras en un kínder del municipio de Rioverde, ellosa acusan a la CEEAV de revictimizar a su hija y de no brindarles el apoyo económico.
“Nos revictimizaron. A Jorge Vega le solicité el apoyo económico para poderme mover, y él me dijo: ‘¡Aquí no hay apoyos de nada!’”. (Astrolabio)
Este caso se hizo publico, desde el 2017, a través de Arco Informativo, pero creó gran controversia en este año por el portal Código San Luis que cubrió el juicio de la maestra “Teté”, Teresa Rodriguez Galván una de las maestras acusadas de abuso sexual y liberada por un juez e Rioverde, porque no consideró tener pruebas suficientes en su contra.
Los padres narran que no han recibido justicia, a pesar de haber acudido a diversas dependencias “Mi hija no sale, no tiene amigos, no va a la escuela, no es como los demás niños. Está en crisis, entra en depresiones” (Astrolabio).
La víctima directa, la niña, sigue sin atención integral, afectada por el conflicto de los adultos, los padres se unieron al plantón a la espera de una respuesta.
Justicia para Alan
La señora Silvia, madre de Alan, un joven que desapareció en marzo y poco después fue encontrado muerto, calcinado, cerca de Escalerillas, exige justicia para que los homicidas de su hijo, a los cuales señala que son sus vecinos, tengan un castigo en prisión. Poco se sabe del joven, la página facebook, “justicia para Alan” constantemente recibe ataques que relacionan al joven difunto con sustancias tóxicas, por lo que es común leer que el manager de esa página responde a los comentarios.
Silvia estuvo manifestándose al exterior del Centro de Convenciones durante el Cuarto Informe del gobernador Carreras López.
LA COMISIÓN ESTATAL EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
El propósito primordial de reconocer desde la Constitución los derechos de la víctima, fue para nivelar la balanza de la justicia, pues se encontraba desprotegida la persona afectada por el delito, “el protagonista que no quiso participar”, como dicen algunos autores.
San Luis Potosí, fue pionero en legislar en materia de atención y protección integral a las víctimas del delito, con la publicación de la “Ley de Atención a la Víctima del Delito del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.
Esta Ley ordena una justicia restaurativa para las víctimas, es decir, las consideraciones suficientes para la eficacia, eficiencia y oportunidad en el acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que incluyen, el pago de los gastos de ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación con cargo al Fondo Estatal.
Años después se creó el Centro de Atención para las Víctimas, y con algunas modificaciones a la Ley y la incorporación al Registro Nacional de Víctimas se convirtió en la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a las Víctimas. Marta Orta, Julieta Méndez, y ahora Jorge Vega Arroyo, han dirigido esa comisión desde su creación.
Los gastos excesivos de la CEEAV
La CEEAV es señalada constantemente por el mal uso de los recursos públicos, estos son los datos que nosotros encontramos:
Tiene un presupuesto de operación anual de $33, 790 294.00, más el fondo federal de casi $3 millones de pesos, el cual no se transparenta ni se informa.
El comisionado, Jorge Vega tiene un sueldo mensual de $38,829.00, sin embargo con los bonos, gratificaciones y demás reporta un ingreso al mes de $115,132.00 pesos
En general todos los directivos de esa institución tiene sueldos superiores a los cincuenta mil pesos, tal es el caso de Miguel Ángel García Amaro que percibe $78,861.00 pesos, Mariela Martínez Barrón con $93 mil, Antonio Rebollar Romero con $87,060.00 es el director del Registro de Víctimas, Beatriz Aguilera Gallegos, quien aparece como secretaria de cultura con un sueldo de $80,095.00 pesos, también aparece en el listado Rafael Hernández Covarrubias, padre de Margarita Hernández Fiscal, excandidata a la presidencia municipal de Soledad y actual funcionaria estatal, Rafael su padre, gana $101,725.00 pesos
La CEEAV mantiene ocultos los avances de su desempeño y el estatus en los objetivos o metas establecidas, es decir no informa la cantidad de personas atendidas, ni el seguimiento de los programas, sin embargo aparece una pago de egresos por $500 mil pesos para el “Fideicomiso CEEAV”, es decir, que en un mes Vega Arroyo entregó esa cantidad a víctimas del delito, que están registradas en el padrón nacional.
La Comisión de Víctimas paga mensualmente $53 mil pesos por la renta de las dos casonas, una ubicada en Rayón y la otra a la vuelta en el pasaje Zaragoza.
NEXOS
En varias ocasiones se ha visto al diputado Pedro Carrizales Becerra visitando el campamento de los manifestantes, esto posiblemente tiene relación con su asesor David Reyes Medrano, que laboró ahí a finales del 2016, y se desconoce el motivo de separación laboral. También hay una estrecha relación con los asesores de la diputada Marite Hernández Correa y la organización civil Samuel Ruiz.
Con todo lo anterior, queda en duda si es una lucha por los derechos de las víctimas o se trata de un golpeteó político con actores que pretenden sacar algún beneficio.
