- La víctima continúa bajo custodia del DIF Estatal pero en una institución fuera de la ciudad.
Continúa el proceso por violación contra Alejandro N., exprocurador de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social del DIF Estatal, actualmente recluido en el CERESO La Pila por su presunta participación en la violación de un menor de edad albergado en el Centro de Asistencia Social Rafael Nieto.
La víctima aún se encuentra “bajo tutela” del Estado, aunque es “resguardado en una institución gubernamental en otra ciudad”, según señaló Miguel Cardoza Mora, titular de Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA).
El funcionario explicó que, “la situación jurídica del joven” ameritó que la instancia en SLP solicitara apoyo al Sistema Nacional DIF, “para salvaguardar la integridad” de la víctima; y enfatizó “ese centro no está aquí, está en otra ciudad, se pidió apoyo al DIF Nacional”.
Respecto a que el menor, fue violentado por el Estado y éste continúa bajo su tutela, Cardoza Mora dijo que la víctima “está bajo resguardo de institución de asistencia social porque es la (…) jurídica de ese joven”.
La vida de Alán, ha sido azarosa desde su primera infancia. Creció en un núcleo familiar donde se manifestaba violencia y maltrato, a tal grado que uno de sus hermanos perdió la vida por el descuido de los progenitores, al parecer el padre de menor estuvo recluido por un delito menor. Es por ello que Alan desde muy pequeño, estuvo bajo custodia de Alejandro y su esposa a través de la asociación civil Creando Sonrisas. Después en el Rafael Nieto donde presuntamente sufrió la agresión sexual hasta que logró escapar.
De manera extraoficial se ha mencionado que Alejandro N., se perfilaba como candidato a la alcaldía, este rumor podría de ser cierto, pondría en riesgo al menor, al ser utilizado como tema mediático.
En medio de una pandemia que obstaculiza cualquier procedimiento, apartado de sus padres y hermanos, con una pasado de violencia, Alan es un adolescente vulnerable, si el Estado lo violentó una vez, entonces qué garantía hay de que esto no vuelva a suceder.
