- Se intenta prevenir prácticas de corrupción, violencia sexual y laboral, que afecten la imagen y credibilidad del DIF.
Después de cinco años de evidentes malas prácticas por parte de servidores públicos del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el mes anterior fue publicado en el Periódico Oficial, el Código de Conducta para esa Institución que dirige Cecilia González Gordoa y preside Lorena Valle Rodríguez desde la Junta Directiva.
La deontología establece en el artículo séptimo, que los trabajadores de ese Organismo Descentralizado deberán firmar una “Carta compromiso”, donde asumen una serie de lineamientos, y reconocen la naturaleza de sus funciones, las cuales están dirigidas a personas vulnerables, lo que conlleva a un inminente “riesgo ético”. Se trata de un anexo al documento, similar al formato de un recibo cualquiera, con una leyenda que menciona que “voluntariamente” el trabajador se compromete a cumplir el Código y que “cooperará” en caso de ser investigado por posibles “faltas” a los lineamientos.
El Código intenta “prevenir prácticas de corrupción, violencia sexual y laboral”, que afecten “la imagen y credibilidad” de la Institución; “la solidaridad y humanidad” son algunos de los principios que deberán observar las persona que presten ahí sus servicios.
Desde un Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI-SEDIF) junto con el Órgano de Control interno, se vigilará el cumplimiento de dicho Código, aunque no se menciona quiénes y cómo se integrará el Comité.
El documento ya en vigor, cuenta con dos errores en el artículo dieciséis, “personas con capacidades diferentes (…) las etnias”, el primero fue señalado por el Senado de México en el 2016 como un término excluyente, lo correcto es “personas con discapacidad”, el segundo es un término contrario a lo indicado en legislación internacional pues no reconoce la identidad de los pueblos indígenas.
El Código también menciona la transparencia en el uso de recursos públicos y procesos administrativos, el no hacer proselitismo desde la Institución y de posibles conflictos de interés, siendo la Contraloría General el máximo organismo rector.
Aunque de manera contradictoria Gabriel Rosillo Iglesias fungió varios años como contralor y su esposa laboró a la par en el DIF Estatal.
En una segunda parte abordaremos las malas prácticas de algunos servidores públicos del DIF Estatal, situaciones que siguen impunes.
