- “No se atendieron los términos de la propia convocatoria que emitió el Poder Legislativo, error que fue generado en la propia Comisión de Vigilancia,” aseguró el inconforme.
El contador Carlos A. Castillo Rodríguez aseveró haber interpuesto Juicio de Amparo ante la Justicia Federal para la reposición del proceso y convocatoria del titular del Órgano Interno de Control de la Auditoria Superior del Estado, ASE, que recientemente fue electo por el Congreso del Estado, esto debido a una presunta serie de irregularidades, “la incapacidad técnica y desconocimiento del marco jurídico por parte del Presidente de la Comisión de Vigilancia, José Antonio Zapata Méraz, también porque son muchos los aspectos que resultan cuestionados dentro de este polémico proceso,” aseguró Castillo Rodríguez.
Castillo Rodríguez, presentó el recurso legal, al considerar que, “no se atendieron los términos de la propia convocatoria que emitió el Poder Legislativo, error que fue generado en la propia Comisión de Vigilancia por sus diputados, así como por sus onerosos y mal llamados asesores técnicos, y secundado por el pleno al momento de la designación de la Morenista-Gabinista Rosalba Salazar Miranda, contra las bases del concurso,” indicó Castillo Rodríguez.
Además, dijo que “la pandemia por Covid-19 fue utilizada como excusa por los legisladores para no tomarse el tiempo y la debida formalidad, para entender algunas irregularidades que hay en la elección en mención como que Rosalba Salazar Miranda, tiene ligas directas con el Super Delegado Federal en la entidad, Gabino Morales Mendoza, al trabajar como Enlace y otros cargos al interior de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal en el Estado y adicionalmente, mantener filiación partidista en el partido de Morena desde el 24 de noviembre del año 2013, siendo integrante de los Órganos Estatutarios en la Asamblea Nacional Constitutiva de citado Partido Político”.
El contador añadió “hay otros conceptos igualmente violatorios e ilegales, por eso se solicitó el Amparo y Protección de la Justicia Federal, radicándose el Juicio de Amparo 395/2020 en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, notificando y requiriendo en días pasados al Congreso del Estado por el informe con justificación establecido por la Ley de la Materia, para así determinar próximamente la fecha y hora de la audiencia constitucional dentro del Juicio de Amparo referido, contexto en donde se determinará la ilegalidad en el proceso de elección hoy cuestionado”.
Castillo Rodríguez relató una serie de presuntas inconsistencias, “entre las irregularidades cometidas por José Antonio Zapata Meraz, destaca que en ningún momento propuso o solicitó al interior de la Comisión de Vigilancia que preside, un Método de Valoración y Evaluación de la Información acompañada a las Constancias Documentales que justificaran el Currículum Vitae de cada participante, e igualmente no existió ejercicio de comparativos técnicos de los participantes, y menos de su experiencia comprobada en materia gubernamental y de control, relegando a sus asesores, la tarea de proporcionarles la lista de elegibles, por lo que no se tomó en consideración los mínimos requisitos formales establecidos y mucho menos lo previsto por la Ley de Responsabilidades, la Ley de Fiscalización, y el Manual de Organización de la propia ASE al mando de la cada vez más cuestionada Rocío Cervantes.”
Recordó que, “un titular de Órgano de Control o Contraloría interna, no debe guardar lazos partidistas, para evitar la intervención de sus intereses personales en el ejercicio de su encargo, lo que genera un evidente e innegable conflicto de interés”, lo que podría dejar en duda “que la Contralora Morenista de la ASE, sancione a servidores de su misma filiación partidista y frenar a personas contrarias a su ideología política.”
Carlos Castillo consideró que “el diputado Zapata Meraz no evaluó integralmente el perfil y el debido sustento de cada uno de los participantes inscritos en el proceso, para que en justicia y con bases sólidas se determinara quiénes deberían de integrar la lista de elegibles, lo que adicionalmente, acredita que desconoce el marco jurídico aplicable al interior de la ASE”.
En el comunicado del contador, recalcó que, “olvidaron(…) lo establecido en el Manual de Organización de la Auditoria Superior del Estado, que prohíbe que cualquier servidor público pueda ocupar puestos como supervisor, coordinador, auditor especial, pasando por el propio Contralor Interno, no pueden ni deben pertenecer a ningún instituto político, por las implicaciones que en sus respectivos encargos pudieran realizar a favor de algún partido o bien, el realizar actos u omisiones en desventaja o perjuicio de corrientes ideológicas contrarias, como se ha comprobado en actuales hechos de corrupción, todo ello, en repercusión directa de la sociedad, al no existir la mínima credibilidad de las instituciones”.
Aseguró que “se quebrantó el Artículo 89 de la propia Ley de Fiscalización, que prevé para este caso el no desempeñar o haberse desempeñado en un cargo de dirección en un partido político durante los últimos cinco años, extremo que la protegida del diputado panista y del bloque de Morenistas si acredita”.
Y que, “Rosalba Salazar Miranda incumplió expresamente la Base Segunda letra “F” de la convocatoria cuestionada, la cual expresa que cada participante debió emitir una carta bajo protesta de decir la Verdad, relativa a conocer y cumplir con todos y cada uno de los requisitos de exigibilidad establecidos en el Artículo 89 Quinque, y ahí, tanto Zapata Meraz como la Gabinista, mintieron sobre dicha declaratoria bajo protesta, una por declarar falsamente, y él por aceptar dicha declaración como válida”.
Castillo Rodríguez espera que el recurso se le dé cauce, puesto que “el proceso fue una mera simulación dado que ya existía una designación que únicamente formalizarían en el acto.”