- Cada una de las víctimas con situaciones diversas, piden que el gobernador resuelva sus casos.
- Violencia institucional y estructural en los cinco años de gobierno, que obligan a alzar la voz, increpar a las autoridades y tomar edificios.
- Decenas de marchas pidiendo justicia para víctimas de feminicidio, la situación de violencia sigue igual, muchas víctimas jamás encuentran justicia.
- Hay demora en la atención a víctimas, hombres y mujeres por igual, a causa de la burocracia institucional.
- Las acciones del gobierno para prevenir la violencia no han dado resultados.
A mediodía, cuatro mujeres víctimas de diversos atropellos, llegaron y tomaron la oficina de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), ubicada en el pasaje Zaragoza del Centro Histórico y hasta el momento ahí permanecen, a la espera de ser atendidas por el gobernador.
Se trata de las cuatro mujeres víctimas de diversos atropellos que el día miércoles increparon al gobernador, Juan Manuel Carreras López durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la Fiscalía Especializada de Atención a las Mujeres.
Griselda Haro Dávila, Teresa Carrizales Hernández, Elizabeth Navarro y María de Jesús Armendárez, cuatro víctimas que coincidieron, en que hay un hartazgo ante las omisiones de las autoridades a lo largo de los cinco años de gobierno de Carreras López, cada una en su caso particular.
Griselda Haro, fue víctima de detención arbitraria por autoridades de Seguridad Pública (2016) al ser desalojada violentamente mientras se manifestaba en oposición a la construcción en terrenos en la comunidad La Noria de San José.
Este jueves Griselda, comentó que temprano hubo una “Mesa de trabajo con autoridades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la comisionada de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), María Fabiola Alanís Sámano”, sin embargo indica Griselda que no fueron escuchadas ni atendidas por la titular de Conavim, puesto que sólo brindó una entrevista y se retiró a una reunión privada, “deberíamos estar nosotras las víctimas en esa reunión, esa debería ser su preocupación”, acotó Griselda.
Así mismo, pidió la presencia del gobernador, “estamos tomando la CEEAV, porque ayer en la inauguración no nos atendió, incluso el gobernador dijo que nosotras éramos las provocadoras, no lo somos, somos víctimas, es nefasto que se digan agraviados, cuando han pasado años sin ayudarnos”.
María de Jesús Almendárez, “Marichuy”, fue víctima el 2014 de acoso sexual por un jefe de la Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), luego de diversos juicios logró una sentencia a su favor, aunque su agresor sigue laborando sin ninguna sanción. Marichuy explicó que en su caso sólo falta la ejecutoria de la sentencia, pero que “las autoridades dan largas, no resuelven la reparación de daño, no ando encapuchada, lo que pido es legal”. Y tajantemente dijo, “no nos iremos hasta que venga el gobernador, nos den una disculpa pública y arreglen nuestros casos”.
Otra de las mujeres, Elizabeth Navarro, comerciante de vía pública, agraviada por elementos de seguridad municipal en el 2019, de su caso la CEDH emitió una recomendación. Este jueves comentó, “pido justicia, que se pongan a trabajar, somos muchas víctimas”.
También estuvo la abogada Teresa Carrizales, quien sufrió en el 2019 un desalojo violento por parte de policías municipales, se desempeñaba como Oficial del Registro Civil, en diversas diferencias con las autoridades, se llegó a un extremo, se ejerció violencia. En el 2020 recibió disculpas públicas, por parte del Ayuntamiento, pide reparación a la violencia que vivió.
A las cuatro víctimas, se les unieron las dos jóvenes vendedoras de flores que hace un mes sufrieron agresiones por inspectores municipales, fueron detenidas y liberadas sin cargos, a la fecha se les permite vender nuevamente. Una de ellas dijo sentirse agraviada, “por qué cuando fuimos agredidas por los inspectores, ninguna de las mujeres nos defendió” haciendo referencia a las activistas y feministas que el día miércoles estuvieron como invitadas de honor en la inauguración. Así mismo mencionó “es una burla la reparación del daño que ofrece el ayuntamiento, no nos sirve su reparación queremos justicia”.
Las seis mujeres, son víctimas reales que han sido señaladas en repetidas ocasiones, por tener una supuesta intención política detrás de su causa.
Independientemente a ello, es una realidad que en los cinco años de gestión del actual gobernador, los atropellos a los derechos humanos son recurrentes, sobre todo contra las mujeres. Las cifras de feminicidios incrementaron este 2020; la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) no se ha aplicado, los recursos no son tangibles en hechos. Casos como el de Karla Pontigo, Paola, estudiante de la Politécnica, y las 40 muertes violentas de mujeres de este año, son reflejo de que algo está fallando.
La Constitución reconoce los derechos de las víctimas, que consisten en la reparación del daño, derecho a la verdad y derecho a la justicia, entre otros. Aquí sería pertinente reflexionar si se cumple cabalmente en SLP.
Hace un par de semanas, entrevistamos al secretario de gobierno, respecto a las víctimas de feminicidio, del incremento en este año, y nos respondió, “estamos haciendo un gran trabajo un gran esfuerzo muchos avances (…) el gobierno ha redoblando esfuerzos desde las instituciones para las mujeres en atención (…) seguimos luchando, el tema de violencia es nacional, San Luis no es la excepción”, justificó.
El Informe de la Relatora Especial Rashida Manjoo sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias (2015), habla acerca de la violencia institucional y estructural.
“La violencia institucional y estructural es cualquier forma de desigualdad estructural o de discriminación institucional que mantiene a la mujer en una posición subordinada, ya sea física o ideológica, a otras personas de su familia, su hogar o su comunidad (…) las formas institucionales y estructurales de violencia incluyen las leyes y normas que mantienen la ventaja de un grupo sobre otro en los lugares de empleo, y en cuanto a las oportunidades de educación, el acceso a los recursos, las formas y lugares de culto, la protección por la policía y otras fuerzas del Estado y los servicios y prestaciones del gobierno. Además, la inexistencia de leyes que penalicen todas las formas de violencia contra la mujer también actúa como una forma de violencia estructural.
