- La unidad chocada es de los 5 vehículos propiedad del INAH que Machinena no ha entregado.
- Se ha informado al Órgano Interno de Control INAH, para los efectos que procedan contra el delegado con licencia.
- Posiblemente se proceda legalmente contra JC Machinena.
Hugo Cotonieto Santeliz, encargado de despacho del Centro INAH en San Luis, confirmó para este medio de comunicación que Juan Carlos Machinena Morales, chocó a bordo de un vehículo propiedad del Gobierno Federal, la noche del 23 de diciembre de 2020, sobre la carretera 57 a la altura de Santa María del Río.
Machinena Morales delegado del INAH con licencia y actual aspirante a la gubernatura, iba en compañía de Enrique Rentería Pérez, jefe del departamento de resguardo de bienes culturales del Centro INAH SLP; fue este último quién llamó a la aseguradora contratada por Gobierno Federal, la noche del percance para que cubriera los gastos provocados en el accidente, hubo pérdida total de la unidad.
Fue de esta manera, que la Administración del Centro INAH corroboró que la unidad Pick Up color blanco, es de los 5 vehículos que Machinena Morales no ha entregado oficialmente a esa dependencia federal.
El encargado del despacho Cotonieto Santeliz, señaló que desde el 6 de diciembre informó a las oficinas del INAH en Ciudad de México que Machinena Morales el cual pidió licencia desde el 16 de noviembre no había hecho la entrega recepción. Y que existían posibles anomalías, como la falta de 5 unidades, siendo Rentería Pérez, el responsable de dicha flotilla vehicular y quien de acuerdo con Cotonieto hasta el momento no se ha presentado a trabajar ni ha informado lo sucedido.
JC Machinena y Rentería Pérez viajaron en vehículo oficial a Santa María del Río para recolectar firmas de respaldo ciudadano necesarias para que Machinena obtenga registro como candidato independiente a la gubernatura del estado, además estuvieron en reuniones con habitantes de comunidades aledañas promoviendo el proyecto político Avanzada Liberal, que encabeza desde hace años.
Lo anterior podría configurar como un delito electoral por hacer uso de un vehículo propiedad del Estado para fines políticos. Además de las implicaciones legales que determine el INAH.
Ana Dora
