- En un comunicado explican que tras la decisión de que Morena en San Luis Potosí sea abanderada en los comicios 2021 por una mujer, se desataron comentarios y acciones que atentan contra las aspirantes de ese partido.
- Hacen un llamado “a las diversas Secretarías de Mujeres del partido, activistas y militantes de organizaciones feministas, a que se solidaricen ante esta situación”.
Después de que en días pasados Mario Delgado Carrillo, presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) e integrante de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE), ambos órganos del Partido Morena, diera a conocer en rueda de prensa que en el estado de San Luis Potosí la candidatura a la gubernatura del estado sería destinada a una mujer, las acciones de discriminación en contra de las tres aspirantes a la gubernatura, no tardaron en llegar. Sin duda, dichas acciones entran en la categoría de violencia política en razón de género, y han sido las aspirantes Francisca Reséndiz Lara, Marcelina Oviedo Oviedo y María del Consuelo Jonguitud Munguía, las primeras en ser atacadas, pero los comentarios no sólo las dañan a ellas.
Las expresiones de dicha violencia van desde comentarios en redes sociales, así como declaraciones en rueda de prensa por parte de algunos aspirantes varones y sus respectivos equipos. Es increíble que sean los mismos integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena San Luis Potosí (CEE-SLP), los que hayan expresado que por su “condición de mujer”, las aspirantes «no representan candidaturas fuertes frente a los demás candidatos»; lo cual ha abonado a que proliferen comentarios discriminatorios de múltiples personas en redes sociales y en algunos medios de comunicación locales.
Desde el inicio del proceso de selección de candidatas y candidatos, las aspirantes han sido minimizadas, tanto en los medios de comunicación, como dentro del propio partido, haciéndolas competir en condiciones de desigualdad; lo que hace de la paridad de género sustantiva sea un horizonte lejano. En una carta publicada por el CEE-SLP el día sábado 2 de enero, se expresa el rechazo a que la candidatura a la gubernatura sea para una mujer. En el escrito, se oponen a que la paridad de género se apliqué en San Luis Potosí, dado que desde el inicio del proceso, se informó de la distribución de candidaturas a las gubernaturas entre siete mujeres y ocho hombres para el proceso electoral 2020-21. Esta carta fue dirigida a Mario Delgado, Citlalli Hernández, Bertha Luján Uranga, integrantes de los órganos nacionales de dirección del partido, así como a la Comisión Nacional de Encuestas.
En otro escrito, publicado el 3 de enero, los aspirantes a la candidatura, manifiestan nuevamente, su oposición a que se aplique el criterio de paridad de género, contradictorio y hasta ofensivo ya que se ostentan como los verdaderos defensores de los derechos de las mujeres. En un párrafo se lee: “Nada es más discriminatorio y vejatorio de los derechos de las mujeres, que arbitrariamente se decida un género u otro en la asignación de candidaturas, porque eso confronta y divide a la sociedad”. Es decir, los aspirantes varones a la candidatura, defienden su posibilidad de participar bajo el discurso de defensa de los derechos de las mujeres y la democracia, nada más contradictorio.
Resulta lastimoso que se invisibilice la trayectoria política de las aspirantes. En el estatuto del partido se motiva la participación de las mujeres en la vida política del país y en la declaración de principios del partido señalan el combate a cualquier forma de opresión y el rechazo a cualquier forma de discriminación y violencia en contra de las mujeres.
Recordemos que, a partir de la reforma de junio del 2011 a nuestra Constitución, los derechos humanos son reconocidos en tratados internacionales de los que México forma parte, adquirieron un rango constitucional y por tanto, no pueden ser contravenidos por disposiciones federales o estatales. Esta reforma obliga a realizar una interpretación progresiva y pro persona al analizar cualquier cuestión relacionada con los derechos humanos cómo es el caso de los derechos políticos de las mujeres.
Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) señala que las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Afirma en su recomendación general N° 19, que la violencia política contra las mujeres es “una forma de discriminación que inhibe gravemente su capacidad de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”. Negar la participación política de las mujeres es negarle a la mitad de la población la toma de decisiones.
En México, las reformas electorales constitucionales de 2019 que culminaron en el mandato de paridad de género (Paridad en todo: 50% mujeres y 50% hombres en la toma de decisiones), junto a la lucha de las organizaciones feministas, de mujeres comprometidas en la política, y de la academia, han logrado un reconocimiento y ejercicio de los derechos políticos-electorales de las mujeres en todo el país mostrando un avance gradual pero constante.
Militantes y simpatizantes firmantes, exhortamos al presidente del CEN, Mario Martín Delgado Carrillo, a la secretaria general, Minerva Citlali Hernández Mora, a las y los integrantes de la CNE y a la presidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján Uranga, a que se pronuncien y garanticen los derechos políticos de las aspirantes, el primer paso para ello, es el cumplimiento de la convocatoria y sus lineamientos.
Así mismo, hacemos un llamado a las diversas Secretarías de Mujeres del partido, activistas y militantes de organizaciones feministas, a que se solidaricen ante esta situación.
