Madres sin justicia, las víctimas de violencia institucional

 “Violencia post violencia”, así  llama Martha a la violencia institucional que sufre por parte de los servidores públicos del Supremo Tribunal de Justicia, José Godofredo Flores Zavala y Jorge Eduardo Ríos Betancourt, jueces que  dilatan, obstruyen e impiden el acceso a la justicia de varias mujeres y sus hijos en los juicios de controversia familiar que están en sus manos.

“Ya sufrimos violencia por parte de nuestras ex parejas y ahora la violencia post divorcio con los jueces”, denunció Martha, una mujer que intenta proteger a sus hijos de agresiones por parte de su ex pareja. A través de un juicio de controversia familiar, en el que no encuentra justicia por  la arbitrariedad cometida por Jorge Eduardo Ríos Betancourt, juez Tercero Familiar,  y por José Godofredo Flores Zavala, juez Mixto de Primera Instancia en Santa María del Río.

“Omisión, parcialidad e intimidación”, son los atropellos que denunciaron varias madres de familia a este medio de comunicación.  Mujeres  que tras sufrir violencia intrafamiliar fue necesario interponer  juicio de controversia familiar, sin lograr justicia porque ahora son víctimas de violencia institucional por parte de las autoridades del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí, que dirige la magistrada presidenta, Olga Regina García López.

Martha, lleva un juicio desde el año 2016 para obtener la custodia de sus dos hijos y protegerlos de agresiones por parte del progenitor,  a pesar de existir dictámenes psicológicos de la violencia perpetrada por su ex pareja hacia sus menores hijos,  el juez  Jorge Eduardo Ríos Betancourt los omitió, y autorizó visitas sin supervisión, incluso los  fines de semana deben permanecer con él, “no tomaron en cuenta los informes psicológicos”, señaló.

Luego de presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y de pedir se excusara el  juez Ríos Betancourt, lográndolo finalmente, se logró desde otro juzgado “se tramitara una mediación”.

Sin embargo,  la contra parte se opuso, y  su expediente  “rodó” por varios juzgados, hasta que se le asignó el Juzgado de Santa María del Río, con el juez José Godofredo Flores Zavala, quien continúo omiso y parcial en perjuicio de los menores.

“No nos han querido proporcionar copias certificadas para continuar el procedimiento”, señaló Martha, “metemos escritos por alimentos, por el  bienestar para los niños y el Juzgado no acuerda”.

Martha desconfía de la autoridad por las diversas irregularidades, ya que teme una posible red de complicidad con su ex pareja, “posiblemente están metiendo documentos falsos”, acotó.

Su preocupación aumentó cuando tuvo conocimiento de casos similares, “estamos surgiendo muchas mamás que tenemos casos similares, ya de por sí sufrimos violencia por parte de nuestras ex parejas y ahora es violencia post divorcio con estos jueces”, lamentó Martha.

Ella teme que ante la parcialidad del juez con José Godofredo Flores Zavala, se le gire orden de aprehensión contra ella, ya que recientemente notó vehículos que rondan las inmediaciones de su domicilio, “es un acoso constante, parecen vehículos de la Fiscalía General del Estado”.

El último acuerdo el Juez Mixto de Primera Instancia en Santa María del Río, suspendió de manera inmediata la custodia de los menores que tenía Martha, y la cedió a favor del padre, “m e están quitando la custodia”, comentó Martha a esta reportera, en una sensación de impunidad.

Sin poder defenderse y violentada por la autoridad encargada de garantizar su integridad y la de sus hijos, el panorama es desolador.

Martha ya ha acudió al Consejo de la Judicatura, sin obtener intervención, teme por su integridad y la de sus pequeños.

Otro caso el de Mónica*, su situación comenzó hace un año,  al separarse de su ex pareja debido a su conducta violenta y a la falta de manutención para su hija.

En este caso su ex pareja, tiene un antecedente de violencia sexual contra una joven de otra nacionalidad, hecho que le causó la inhabilitación para desempeñar su profesión como médico,  en determinados lugares e  instituciones.

Ante esta situación, Mónica teme por la integridad de su pequeña hija y en un intento por defender sus derechos promovió juicio  con la autoridad federal,  sin lograr obtener justicia,  ya que el progenitor “es auspiciado por su hermana, quien labora en Gobierno del Estado, desde el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), por lo que podría existir un contubernio con el juez”, ya que los atropellos no cesan, señaló Mónica.

“Solicitamos que se remitiera el expediente a la Presidencia del Tribunal”, explicó Mónica. Y pese al juicio de amparo y diversos escritos las acciones del juez  en detrimento de la menor continúan. Ya que  “la excusa no se ha resuelto, pero  el  juez Tercero de lo Familiar Jorge Eduardo Ríos Betancourt siguió acordando, haciendo más evidente su parcialidad”, dijo Mónica.

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Dijo  que su abogado notó irregularidades en los tiempos de notificación, pues se publicaron acuerdos desfasados, es decir se le benefició a la contraria parte “cargando en el Sistema el acuerdo un día antes de su publicación”.

La ex pareja de Mónica la acusó de incumplir el régimen de convivencias, aunque existe pruebas de lo contrario; y aunque falta se resuelva un escrito de revocación, “ya se elaboraron escritos de su detención”, por lo que no puede salir de su domicilio, lamentó Mónica.

“El oficio para la detención, está mal porque va dirigido a la policía ministerial la cual ya no existe”, refirió Mónica de acuerdo a lo que su abogado le explicó.

Ante esto ella teme que la detengan, aunque no hay elementos para determinar que ella obstaculizara la convivencia de la menor con su ex pareja, aún así no sale de casa por temor a que la detención. Situación que limita su libertad  y vulnera su dignidad.

Astrolabio Diario Digital, (link) publicó una nota el 22 de abril, donde se menciona el caso es el de Luisa*, otra mujer que sufre violencia institucional perpetrada por Jorge Eduardo Ríos, juez de lo familiar.

En el caso de Luisa, “la amenaza de arresto contra ella se cumplió el pasado 14 de abril, cuando en la Avenida Himno Nacional, elementos de la Policía Ministerial la detuvieron, la bajaron de su vehículo a punta de pistola y le dijeron que, por órdenes del Juzgado Tercero Familiar, la detenían.

La autoridad está obligada a actuar con perspectiva de género y siempre bajo principio del interés superior del niño o niña, así lo establece la Constitución.

Los casos antes narrados, son una radiografía de la violencia institucional cometida por jueces del Poder Judicial en San Luis Potosí.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define como Violencia Institucional “los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

Las víctimas la definen como “violencia post violencia”, en un interminable camino en busca de la justicia.

Son varios casos que denuncian una situación similar por parte de los jueces que aquí se mencionan, incluso señalan una posible complicidad con Gobierno del Estado, este medio de comunicación espera la respuesta de la magistrada Olga Regina García López.

*algunos nombres y datos fueron modificados por protección de las fuentes.

Por Ana Dora

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