- Daniel Esqueda fue secuestrado, torturado, asesinado y criminalizado.
- Su muerto marcó un parteaguas en la protección al ejercicio periodístico en SLP.
Se cumplen cuatro años del homicidio de Daniel Esqueda Castro, fotoreportero que fue torturado y asesinado en octubre 2017. Su muerte y la de su madre, víctima secundaria, siguen impunes y casi en el olvido.
Daniel Esqueda, fotoreportero
La mañana del 4 de octubre de 2017, Daniel Esqueda Castro se encontraba en su domicilio en la colonia Julián Carrillo SLP, cuando varios hombres que se identificaron como policías ministeriales ingresaron abruptamente y se lo llevaron contra su voluntad.
Horas después, ante la presión mediática de la prensa, el gobernador Juan Manuel Carreras López, el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, el fiscal Federico Garza Herrera y Guadalupe Castillo Celestino, director de la Policía de Investigación, aseguraron que lo encontrarían a salvo, más no fue así.
Un día después, fue hallado sin vida en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional “Ponciano Arriaga”. Su cadáver estaba semidesnudo, con las manos atadas a la espalda y visibles huellas de tortura.
Una semana posterior a su muerte, fue exhibido vídeo donde aparece con los ojos vendados, criminalizando el ejercicio periodístico, causando afectación a más reporteros que cubrían la fuente de Seguridad.
Daniel había denunciado ser víctima de amenazas sin que ninguna autoridad lo protegiera, meses antes de su homicidio solicitó se activara el Mecanismo Federal de Protección a los Periodistas. Su madre, la señora Verónica murió un mes después, a consecuencia de lo sucedido a su hijo.
Tenía 24 años de edad, era padre de una pequeña niña, trabajaba como fotoperiodista de nota roja en dos medios de comunicación y se desempeñaba como paramédico.
El Estado falló
La muerte de Daniel Esqueda fue un parteaguas para exhibir a un Estado ineficaz para prevenir y actuar ante agresiones a la prensa.
Al concluir el sexenio de Juan Manuel Carreras como gobernador de San Luis Potosí (2015-2021), terminaron seis años de omisión del gobierno en la obligación de proteger y defender a los periodistas.
Con una Ley obsoleta del 2013, falta de un reglamento para esta ley, tan solo existe el “Reglamento Interno del Comité” obsoleto y opaco para el gremio, y sin el conocimiento de las autoridades responsables (secretario general de Gobierno y subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos) los periodistas potosinos estuvieron seis años desprotegidos.
Al cumplirse casi un año de la muerte de Daniel, en agosto de 2018 fue publicado en el Periódico Oficial el Programa Estatal de Derechos Humanos, documento elaborado a partir de los resultados obtenidos en un Diagnóstico en el tema, y en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021.
El objetivo del Programa era de contribuir a generar estrategias de trabajo interinstitucional y políticas públicas que beneficiaran principalmente a grupos en situaciones de mayor vulnerabilidad y marginación.
El punto número dos de este Programa menciona “generar y difundir un protocolo de seguridad para la protección al ejercicio del periodismo”. Como autoridades responsables de la elaboración se menciona al Comité de Periodismo, fungían en ese entonces Alejandro Leal Tovías como secretario de Gobierno, Ulises Valencia subsecretario, una persona designada por la Fiscalía y otra por la Secretaría de Seguridad Pública.
Actualmente Alejandro Leal Tovías es diputado plurinominal en el Congreso local.
Por el PRI
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), detalla que “los Protocolos son documentos que tienen como finalidad “garantizar que todas las personas accedan a la justicia en forma plena y en condiciones de igualdad”.
Hasta el 2020, el diputado Edgardo Hernández con apoyo de la Red de Mujeres Periodistas SLP, presentó una iniciativa para abrogar la Ley de Periodismos 2013, y expedir otra con un marco de protección más amplio. Esta fue aprobada hasta agosto 2021 y publicada el 04 de octubre con la administración entrante de Ricardo Gallardo Cardona; ahora la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos deberá elaborar el Reglamento dentro de los noventa días siguientes, de lo contrario será obsoleta.
El gobierno de Carreras López, no cumplió con su obligación de garantizar el ejercicio del periodismo en condiciones de respeto, seguridad y libertad. Omitió elaborar políticas públicas o programas para prevenir agresiones y proteger a los periodistas. Omisión que tuvo como consecuencia la muerte de un compañero y la vulneración de una decena de periodistas.
Por AnaDora
