- Revela que busca despedir al mayor número de empleadas y empleados estatales, para meter a sus simpatizantes y operadores políticos; por cada uno que saca, ingresa a tres en la nómina.
- Denuncia que persiste campaña de promoción del culto a la figura del gobernador, con recursos públicos pagados en medios de comunicación de su propiedad, y en otros que no lo son.
- También denuncia campaña de desprestigio y escarnio público contra las y los trabajadores estatales.
- Refiere que la entidad “vive un circo político”, mientras que la población sufre por el aumento de la inseguridad, robos violentos, levantones y ejecuciones.
- Comunicado
Utilizando recursos públicos estatales, imponiendo a simpatizantes y operadores en la estructura del Gobierno del Estado, el titular del poder ejecutivo, Ricardo Gallardo Cardona impulsa su proyecto político para ser candidato a la presidencia de la república por el PVEM en la elección federal del 2024, promoviendo su imagen pública con un enorme gasto de fondos públicos, denunció la fundadora del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado, y presidenta de la Asociación Civil Movimiento por San Luis, Francisca Reséndiz Lara.
Reveló que fortalece su futura candidatura, a costa de despidos masivos ilegales de personal estatal, abusos laborales en contra de policías discapacitados y fomentando un clima de acoso laboral en cada oficina estatal, realizando también campañas de desprestigio en medios de comunicación de su propiedad y en otros pagados, donde calumnian a la burocracia estatal, buscando el escarnio público, prensa que en forma permanente fomenta el culto a su personalidad con denuncias mediáticas contra el anterior gobierno, que no se traducen en denuncias penales.
Explicó que de forma maliciosa denuncia que las y los empleados estatales ganan enormes sueldos, de 60 mil pesos mensuales, con horarios laborales menores, cuando el máximo sueldo de personal sindicalizado es de 36,508 pesos, y perversamente ignora que éstos no se asignan sus salarios solos, ni las jornadas de trabajo, sino son los funcionarios de primer nivel los que autorizan a la base trabajadora del estado tales condiciones laborales, a quienes debería denunciar, escondiendo que Gallardo Cardona ganará 105 mil pesos al mes, siendo el máximo en la nómina estatal.
Reveló que por cada empleado que despide en forma ilegal, ingresan tres de sus simpatizantes, u operadores políticos, que materialmente ya llenan las entidades y dependencias estatales, sin tener perfil profesional, experiencia, capacidad, ni siquiera actividades asignadas, además de realizar mobbing laboral contra la burocracia estatal con el anuncio del oficial mayor, Noé Lara Heríquez sobre el inminente cese de personal sindicalizado, sí supuestamente no están sustentadas sus funciones, cuando es el mismo funcionario quien las determina.
Expuso que la entidad potosina “vive un circo político”, mientras que la ciudadanía sufre por la inseguridad, levantones, robos violentos, tiroteos y ejecuciones, como la del sonidero, Juan Manuel Quistián, hecho que incluso el mandatario estatal utilizó para promoverse, sin que a la fecha haya acciones efectivas contra los delincuentes, ante lo cual los medios de comunicación del gobernador y los que paga, callan ante esa realidad, además Gallardo Cardona realiza obras, programas y acciones para promoverse políticamente, no para atender carencias de la población vulnerable.
Ejemplificó la realización de la renovación del Parque Tangamanga con una inversión de 150 millones de pesos, cuyas instalaciones están en condiciones dignas, por lo que no requieren ser rehabilitadas, tal obra se realiza mediante designación directa en forma opaca, no mediante licitación abierta a la sociedad, cuando hay centenas de comunidades sin servicios básicos en el estado, a las que podría instalar redes de agua potable y drenaje con tal recurso, ante lo cual, la pobreza crece en toda la entidad.
Reséndiz Lara demandó que el mandatario estatal construya un proyecto ciudadano, no un proyecto político en su beneficio, y exigió que los recursos públicos se utilicen para beneficio de la sociedad, no para cultivar el culto a su personalidad, que atienda las demandas de las y los trabajadores, y que se apegue a la normatividad en la realización de obras públicas, bajo la vigilancia de organismos civiles, “hacemos un llamado a la sociedad a que se una, y defienda sus derechos, para que evite que el gobierno del estado se convierta en la caja chica y grande de un proyecto político”, expuso.
Exigió que el mandatario estatal cese el acoso y “la cacería de brujas” que realiza en contra de policías discapacitados de la SSPE, a quienes a la fuerza los incorporan a operativos de seguridad, e impone jornadas laborales extenuantes, sin que puedan realizar tales labores, todo ello pese a que existe una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo para respetar sus derechos humanos y laborales de los agentes con discapacidad, por lo que pidió se analice caso por caso, e indicó que seguirán defendiendo a tales elementos policiales.
Enlistó que hay 77 trabajadoras y trabajadores despedidos, así como 146 agentes de seguridad discapacitados, a los que han incorporado al servicio activo, pese a tener dictamen de discapacidad por el IMSS, y dio a conocer que en la Secretaría de Cultura se reunieron más de 75 personas simpatizantes y operadores del gobernador, a las que las iban a colocar en espacios laborales, en tanto que en el Archivo Histórico hay 10 personas esperando funciones, y en el Registro Público otras 15, así como en el área de Fiscalización hay un grupo de 23 jóvenes que duplican el personal.
Explicó que las pasadas administraciones estatales han basificado a sus cercanos con altos niveles salariales “asignados por los jefes, no por los sindicatos”, ante lo cual propuso que el gobierno entrante respete a los trabajadores con antigüedad, perfil profesional, capacidad y experiencia, añadió que seguirán los plantones con personal sindicalizado en el Museo Francisco Cossío y el ubicado enfrente a Palacio de Gobierno, porque incumplimientos laborales de la pasada administración estatal, y se ha despedido ilegalmente a las empleadas y empleados.
Refirió que el SITTGE es un sindicato de lucha, y ya mantiene comunicación con fuerzas sindicales mundiales, para crear lazos y denunciar el hostigamiento a las y los trabajadores por parte del gobierno estatal, aclaró que no son enemigos de la administración estatal, sino que buscan que se respeten los derechos, y cuando se violan, se dan inconformidades, y dijo que el sindicato analiza nuevas estrategias sociales y legales, en forma congruente con la ley, ante el anuncio del despido de personal basificado sindicalizado, y precisó que no se ha entregado el pliego petitorio.
Precisó que el nuevo gobierno estatal tiene la obligación de cumplir con los acuerdos previos, de anteriores administraciones, y reiteró la disposición a iniciar mesas de trabajo con el oficial mayor de gobierno del estado, a fin de empezar a resolver casos por caso, las denuncias y demandas gremiales actuales y pasadas, así como acuerdos, convenios y minutas incumplidos, pero el funcionario se niega a realizarlas.
