Por AnaDora
En un hecho histórico, la Defensoria de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), a través de la Defensoría Adjunta de Quejas y Denuncias, resolvió sancionar a Carlos Armando N., residente de la especialidad de Radiología de la Facultad de Medicina, por cometer actos de violencia de género en la modalidad de violencia digital en agravio de una estudiante (identidad reservada) de la misma facultad.
De acuerdo con la colectiva Médicas Verde Violeta, el residente extorsionó a la estudiante, amenazándola con difundir fotografías íntimas de ella en las redes sociales; al parecer las imágenes fueron difundidas entre sus compañeros y médicos.
Con apoyo de sus compañeras, la estudiante acudió al Hospital Central, lugar donde el agresor labora y a la Defensoría Universitaria para promover denuncia. Tras agotar las etapas del procedimiento, conforme al Protocolo Universitario, se acreditó la responsabilidad de Carlos Armando y se resolvió a favor de la sobreviviente. La sanción que señala el resolutivo es la suspensión de los derechos laborales, escolares y académicos durante un año.
Este hecho histórico en la UASLP se logra por la lucha de años de mujeres feministas universitarias, y se consolida con la llegada en abril 2020 de Alejandro Zermeño Guerra, rector de esa universidad.
Que en concordancia con la política institucional para erradicar la violencia y desigualdad entre hombres y mujeres renovó la plantilla de la Defensoría de Derechos Universitarios, la cual era inoperante y obsoleta, nombrando en esa área a la profesora investigadora Urenda Queletzú Navarro Sánchez, reconocida feminista y académica. Un primer esfuerzo de esa Defensoría fue la construcción del nuevo Protocolo Universitario para la atención de violencia de género, instrumento que integra medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y no repetición; como reparación integral a víctimas de violencia de género, hostigamiento y acoso sexual.
Esta herramienta se centra en la atención de la víctima, y contempla como última acción afirmativa el acompañamiento ante instancias externas de la UASLP.
En el caso de la estudiante de medicina, de así solicitarlo, podría recibir apoyo para promover denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por el delito de Violencia Digital, tipificado en el numeral 20 Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que refiere “toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento (…) que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia.
Con una sanción conforme al Código Penal Federal, de tres a seis años de prisión y una multa de quinientas a mil UMA.
Este delito se añadió a la ley apenas en septiembre de este año, gracias al esfuerzo de Olimpia Coral Melo.
Médicas Violetas Verdes, colectiva que prioriza los derechos humanos de sus pacientes, exhortan a la UASLP a que cumpla con la sanción impuesta a Carlos Armando, “nos unimos a su voz para que ninguna mujer sea violentada de ninguna forma y exigimos”:
1- Que la Universidad de San Luis Potosí haga efectiva e inmediata la sanción impuesta y suspenda por un año sus derechos laborales y escolares a Carlos Armando.
2- Que la fiscalía trabaje conforme a derecho, haciendo justicia rápida y expedita, juzgando a Carlos Armando bajo la Ley Olimpia, haciendo hincapié en que no permitiremos que la compañera y colega continúe siendo revictimizada
3- Pedimos a las colegas, compas, colectivas, brujas, amoras y personas afines a la justicia social difundir este mensaje para presionar a la fiscalía y a la UASLP.
