Daniela O.
“La gratuidad de la educación superior comenzará a implementarse de manera gradual y progresiva, en función de la suficiencia presupuestal, a partir del ciclo 2022-2023”, nuevas sentencias cambian criterio.
Con las sentencias de Edgar Humberto Muñoz Grajales y Dalila Quero Juárez, magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en el estado de SLP, el criterio que abogaba a favor de la gratuidad de la educación superior se modificó en detrimento de los estudiantes, señaló el abogado Luis Alberto Suárez Castillo del Colectivo Praxis Combativa.
Con Juicios de Amparo promovidos desde el 2019 por este Colectivo se había logrado que ocho jueces federales y magistrados del Primer Tribunal Colegiado de San Luis Potosí coincidieran que efectivamente la educación superior debe ser gratuita, logrando establecer un criterio; sin embargo en marzo pasado los magistrados Muñoz Grajales y Quero Juárez, emitieron nuevas sentencias en las que ahora afirman que “la gratuidad de la educación superior comenzará a implementarse de manera gradual y progresiva, en función de la suficiencia presupuestal, a partir del ciclo 2022-2023”, con ello se da un revés al logro de este Colectivo.
Suárez Castillo explicó que este acto podría traducirse como un «retroceso» en los derechos humanos, puesto que pasará a afectar -de momento- a 6 estudiantes, todos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), que ahora tendrán que pagar de manera retroactiva hasta 3 años de inscripciones, debido a que su amparo fue revocado.
El abogado refirió que no se puede negar ni afirmar una intromisión por parte de las autoridades educativas, en este caso de la UASLP. Pero resaltó que «fue muy abrupto el cambio de criterio que tuvieron» puesto que 50 o 60 sentencias ya contaba con un criterio muy sólido.
Finalmente, Óscar Reyes Medrano dirigente del Colectivo y asesor legislativo, destacó que existe preocupación entre los alumnos que promovieron juicios de amparo, debido a que sí los dos restantes tribunales adquieren este nuevo criterio, se podría estar colocando un muro a la gratuidad de la educación en el estado.
Comunicado Colectivo Praxis Combativa
Desde 2016, el Colectivo Praxis Combativa se ha dado a la tarea de lucha por la gratuidad de la educación superior, es decir, en todas las Universidades públicas de San Luis Potosí. Lo cierto es que a partir de 2019, las y los alumnos que han promovido Juicios de Amparo estudian gratuitamente en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Lo anterior es así pues con la reforma de 15 de mayo de 2019 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las Universidades ya no deben cobrar, sin embargo, siguen haciéndolo. Por lo cual estudiantes acuden al amparo para hacer valer su derecho.
Es así que desde los juicios de 2019, 2020 y 2021, los ocho Jueces Federales y el Primer Tribunal Colegiado de San Luis Potosí habían coincidido en que efectivamente la educación superior debe ser gratuita desde el momento en que se reformó, tal como lo expusieron en la primera sentencia en México de número 179/2020: “la citada reforma constitucional tiene vocación de cobrar vigencia de manera inmediata, sin demora, al día siguiente de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo cual es acorde con los principios de supremacía y de eficacia inmediata de la Constitución […]sin necesidad de desarrollo legislativo.”
“En atención a dicho principio es deber primordial del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, en el caso, del derecho a la educación pública superior gratuita y, en consecuencia, su efectividad no puede quedar subordinada a la expedición de una ley “
Sin embargo, a partir de marzo de 2022, los Magistrados Edgar Humberto Muñoz y Dalila Quero Juárez, se contradicen pues han emitido nuevas sentencias en las que ahora afirman que “la gratuidad de la educación superior comenzará a implementarse de manera gradual y progresiva, en función de la suficiencia presupuestal, a partir del ciclo 2022-2023” (A.R 471/2021).
Es así que ahora cambiando el criterio, los magistrados incurren en una regresividad de los derechos humanos que ellos mismos reconocieron desde 2019, violando el principio de progresividad de la Constitución mexicana, y dejando en estado de indefensión a alumnas y alumnos que no cuentan con recursos económicos para sufragar su educación.
Es por eso que hacemos un llamado a los Magistrados para que respeten la Constitución, así como a las y los estudiantes para que sigan luchando por este derecho reconocido, para que todas y todos puedan acceder a la Universidad gratuitamente.
