- Policías mejor equipados, capacitados, en todo el territorio nacional, entre los objetivos.
- En abril, el gobernador sostuvo Mesa de seguridad con Rosa Icela Rodríguez y Adán Augusto López, donde se abordó incrementar el número de elementos de la Guardia Nacional.
- En mayo inició operaciones la Guardia Civil Estatal SLP.
Por Ana Dora
El 14 de febrero de este año fue firmado el Convenio de Colaboración del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) entre el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota Montaño y el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, donde se asigna al estado 259 millones 890 mil 921 pesos para el cumplimiento de acciones prioritarias en materia de Seguridad.
De ese monto, 207 millones 912 mil 737 pesos provienen de la federación, mientras que 51 millones 978 mil 184 pesos los aportará el estado.
Aunque aún no se publica el Anexo Técnico sobre la distribución del recurso, en el mes de enero, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez señaló que este recurso atendería dos prioridades: capacitación y equipamiento a las policías del país, así como acciones para prevenir y atender la violencia contra las mujeres y niñas.
Mientras que el documento del Senado sobre el Análisis de los recursos federales identificados para el estado de San Luis Potosí en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, señala que los recursos de este fondo deben destinarse a los siguientes propósitos:
i) reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública;
ii) percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, peritos, policías judiciales o equivalentes;
iii) equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes;
iv) red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia;
v) construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores; y,
vi) seguimiento y evaluación de los programas de seguridad pública.
