- Columna
Por: Berdache
Uno de los temas que en los últimos días varios medios de comunicación local le han dedicado tiempo, espacio y hasta titulares “de ocho”, es el anuncio por parte del presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, de querer lograr, sí o sí (por aquello de La Capital del Sí), el cierre definitivo de uno de los centros nocturnos más icónicos y representativos en la época actual para la comunidad LGBTTTIQ+.
Pareciera obvio lo que expresaré en las siguientes líneas (en negritas), sin embargo, en un ambiente político y social con muchos tipos y niveles aún de homofobia es importante mencionarlo: la comunidad LGBTTTIQ+ está formada, conformada e integrada por personas, seres vivos que pueden y deciden tomar decisiones con sus respectivas consecuencias y repercusiones. Por eso, quien haya sido responsable de romper el sello de clausura por parte del antro Greko Latino —pudieron haber sido lxs dueñxs, algún empleadx, o incluso alguien de la propia comunidad que por ser solidarix o aliadx decidió “entrar en rebeldía” (palabras del alcalde)— en su pecado llevará la penitencia. Si los agraviadxs consideraban que el sello les fue colocado de manera injusta y arbitraria, debieron demostrarlo y enfrentar la situación por las causas y caminos legales con los que cuenta cualquier empresarix dedicadx al sector o ramo de la vida nocturna.
Cifras aparte, pero que son importantes tener de contexto, aprovechando que se mencionó al sector de la vida nocturna, es que según información del sitio datamexico.org, los Centros Nocturnos, Bares, Cantinas y Similares en el país registraron, en el último trimestre de 2021, una aportación al Producto Interno Bruto del país de 504,220 millones de pesos, 12.3 % más, con respecto al trimestre anterior. Según datos del Censo Económico 2019, en todo el estado de San Luis Potosí se contabilizaron 932 unidades económicas clasificadas en el rubro de Centros Nocturnos, Bares, Cantinas y Similares.
Regresando al tema inicial… el hecho de haber retirado el sello de clausura no solo fue una “estupidez” por parte de los representantes de Greko Latino, cometieron el error de convertir en delito una falta administrativa que estoy seguro iban a poder —y debían— solventar. Quienes operan Greko Latino… ¿en verdad no sabían que romper, alterar, mover o quitar los sellos de clausurado o suspendido es un delito considerado dentro del Código Penal Federal y las leyes locales? Los asesores de este centro nocturno —o cualquier otro— no pueden ni deben utilizar de manera tan burda y descarada la “bandera LGBTTTIQ+” para justificar el no querer respetar la ley.
Sin embargo en este escándalo que involucra a la comunidad LGBTTTIQ+ de San Luis Potosí ambas partes tienen responsabilidades y consecuencias que asumir. La misma premisa aplica para cualquier nivel de autoridad. Desde mi punto de vista, nada justifica la manera de proceder y actuar de la administración capitalina 2021-2024 a través de las tres direcciones involucradas en el resultado del Operativo Sello del pasado fin de semana.
La “nueva” Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, la Dirección de Comercio y la Coordinación Municipal de los Derechos Humanos son igualmente responsables de los abusos cometidos en contra de las personas que ahí se encontraban.
La propia autoridad reconoce –entre líneas— las fallas y el desorden existente en la aplicación y desarrollo de su “flamante” Operativo Sello. El comunicado emitido por “la Capital del Sí”, afirma que derivado de hechos violentos al exterior del bar fue que se procedió al desalojo y clausura de Greko Latino. También gracias a ello se detectó la presencia de menores de edad en el lugar, hecho que, sin duda, es bastante grave y totalmente reprobable que lo haga, permita o incentive cualquier establecimiento de este giro.
Habrá que preguntarle al comisario Juan Antonio Villa y a los directores Jorge García Medina y Jorge Andrés López Espinosa, responsables de todos y cada uno de los recursos materiales y humanos que se usan en el Operativo Sello, así como de los resultados, cuántos fines de semana más hubieran tenido que pasar para darse cuenta de que en Greko Latino se permitía la entrada a menores de edad. ¿No se supone que de manera permanente se hacen inspecciones de rutina y sorpresivas? O ¿acaso los inspectores estaban coludidos y se hacían de la vista gorda? Tuvo que ocurrir una riña —que pudo terminar en la perdida de alguna vida como ya ha sucedido anteriormente en el mismo lugar— para poner “orden” en la vida nocturna del Centro Histórico.
Ese mismo orden se requiere en todos y cada uno de los establecimientos que se dedican al giro de Centros Nocturnos, Bares, Cantinas y Similares, los cuales se encuentran autorizados por la propia autoridad capitalina para funcionar y operar a lo largo y ancho de todo el territorio que abarca el municipio de San Luis Potosí, y no solamente en el primer cuadro de la ciudad. Ese mismo orden que piden y buscan se necesita sin importar el tipo de público, target o segmento de población, más específicamente, sin importar la orientación y preferencia sexual de quienes acuden a ellos.
Ese orden y control es necesario e imperativo aún más en aquellos lugares donde se realizan fiestas y eventos clandestinos que no cumplen con los mínimos requisitos de salubridad y seguridad que la autoridad municipal, en cambio, sí exige a los establecimientos fijos que pagan impuestos y las respectivas licencias y permisos de funcionamiento.
Se equivoca el señor alcalde al usar la reciente riña ocurrida en uno de los lugares emblemáticos de la comunidad LGBTTTIQ+ en San Luis Potosí para justificar el mal diseño y planeación de su Operativo Sello, y es más erróneo utilizarlo para justificar la ineficiencia de sus directores de área. Se equivoca también —aunque solo un poco— al decir que “los gays” son rebeldes y se niegan a seguir las reglas, pues efectivamente la comunidad LGBTTTIQ+ históricamente ha ido en contra de las reglas establecidas por un sistema patriarcal y matriarcal que se niega a tratarlos como personas y evita reconocerles derechos humanos fundamentales.
Exhibir y ensañarse mediáticamente, crucificar públicamente a un sector ya bastante vulnerado, invisibilizado y estigmatizado como lo es la comunidad LGBTTTIQ+ son claras señales de intolerancia y homofobia. De nada sirve que en su discurso el alcalde diga que él y su administración respetan a la comunidad LGBTTTIQ+, si en la práctica queda exhibido como incongruente; Greko Latino, al igual que otros antros o centros nocturnos que existen y existieron, han sido el resultado de una ardua lucha y de activismo local por crear y apropiase de espacios públicos y privados que permitan abonar a la construcción de identidades entre quienes se reconocen y asumen diferentes a lo establecido por la heteronorma.
El que Enrique Galindo Ceballos haya anunciado que giró la instrucción para que sus funcionarios determinen el cierre definitivo de Greko Latino debería preocupar y alarmar a toda la comunidad LGBTTTIQ+. El presidente municipal necesita cambiar su discurso, y corregir el hecho de que en su narrativa menciona a Greko Latino como un ente con personalidad propia para tomar decisiones y acciones, pues se trata de un establecimiento manejado, administrado y representado por personas y son ellas en quien se deben centrar las responsabilidades. Las demandas que anunció prepara el Ayuntamiento de la capital para lograr el cierre definitivo de Greko Latino llevarán nombres y apellidos; debe señalar particular y específicamente a las personas que han decidido con sus acciones alterar el orden, el entendimiento, y la convivencia nocturna ordenada, “sin llevarse entre las patas” a toda la comunidad LGBTTTIQ+ en San Luis Potosí.
¿A qué se refería el alcalde cuando aseveró que en Greko Latinos pasan cosas “inmencionables”? Dice no tener pruebas de ello y que se basa solo en testimonios de terceros; ejemplo claro que utiliza rumores y comentarios infundados que rayan en la intolerancia y la homofobia. Que alguien por favor le recuerde al presidente municipal un poco la historia y le ponga de contexto lo ocurrido en El baile de los 41. ¿O será acaso que al tener formación policial Galindo Ceballos sabe perfectamente de que se trató ese hecho histórico que marcó la lucha de la comunidad LGBTTTIQ+ y aun así no tiene miedo de mostrar su intolerancia a la diversidad escudándose en el valor supremo de lo moral?
Porque cosas “inmencionables” son los actos de pederastia que ha encubierto y protegido la iglesia católica en San Luis Potosí –aún sigue prófugo el sacerdote Eduardo Córdova Bautista, ex asesor legal de la arquidiócesis potosina- pero del tema nada menciona el alcalde Enrique Galindo. En cambio para el recién nombrado arzobispo de la arquidiócesis potosina tiene todo el tiempo y disposición necesarios para acompañarlo a misas, tomarse fotos, compartir comidas o reuniones, intercambiar saludos y extensas pláticas, y facilitarle todos los recursos humanos y materiales que “el representante de Dios en la Tierra” quiera y necesite para cumplir con su misión.
Existen testimonios de travestis y drag que durante el operativo realizado el pasado fin de semana en Greko Latinos, elementos policiacos municipales les obligaron a quitarse en el momento pelucas, maquillaje, accesorios y toda vestimenta ajena a lo que ellos consideraban “masculino”, a fin de poder confirmar y corroborar el parámetro del sexo plasmado en las identificaciones oficiales, mismas que les exigían mostrar para no ser remitidos a la barandilla. Las personas afectadas también narraron haber recibido reclamos y regaños por parte de los agentes policiacos al señalarles que “los verdaderos hombres no se visten así”; o demostraban que eran “hombres” o serian remitidos con el juez calificador.
Homofobia, machismo y violencia de género permanecen y seguirán siendo el sello característico de la policía municipal, tolerado, permitido e incentivado por el propio presidente municipal y el comisario Juan Antonio Villa. Ojalá el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de la capital potosina ya tenga en su poder todo el material audiovisual que registraron las cámaras corporales o body camque portaban los elementos que participaron e ingresaron el día del operativo a Greko Latino. Ojalá dichos videos y audios se den a conocer y los pongan a disposición de la opinión pública de manera íntegra y sin editar para demostrar –como ellos lo señalan- que en todo momento se actuó conforme a derecho, porque los videos del circuito privado de vigilancia del establecimiento muestran excesos por parte de los policías municipales desde el momento en que llegaron e ingresaron. Ojalá los medios de comunicación que están siendo parte cómplice del juego homofóbico y de simulación por parte del Ayuntamiento en el caso Greko Latino, hagan autocritica y revisen sus respectivos códigos de ética para las audiencias, además de reconocer que necesitan capacitación urgente para saber abordar los temas con perspectiva de Derechos Humanos.
Ojalá las víctimas de los abusos, homofobia y discriminación por parte de la policía municipal el pasado fin de semana, estén preparando la respectiva denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o mejor aún, ojalá la presidencia de dicho organismo público autónomo esté lista y dispuesta a recibir a las víctimas para abordar, analizar y resolver este caso que, independientemente de si llega a existir o no alguna queja formal por parte de lxs agraviadxs, debería haber un pronunciamiento oficial hacia la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de la capital potosina, para que cumpla en todo momento y sin excepción de circunstancias el respeto irrestricto de las garantías individuales fundamentales de la comunidad LGBTTTIQ+ en San Luis Potosí.
Preocupa el papel y la responsabilidad de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos en esta situación, pues la simulación se traduce en omisión, y la omisión también es sinónimo de violencia. No es la primera vez que Jorge Andrés López Espinoza es señalado en este sentido, pues su trabajo al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dejó mucho que desear. No hay que olvidar que su cargo al frente de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos es un compromiso político, ya que en el pasado proceso electoral buscó ser presidente municipal bajo la candidatura de Movimiento Ciudadano, logrando negociar hacer campaña a favor de Galindo Ceballos a cambio de formar parte de su gabinete.
Respecto a lo sucedido en Greko Latino la Dirección a cargo de López Espinoza se enfocó únicamente en mencionar que se activaron los protocolos adecuados para la atención de lxs menores de edad detectados en el lugar —lo que no es un logro pues es su obligación hacerlo_, pero nada dijo de los nulos protocolos con los que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana debieron conducirse en su actuar con los integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+. El titular de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos debe ser congruente en sus acciones y ordenar que se inicien lo antes posible las respectivas investigaciones sobre los señalamientos de las victimas respecto al actuar de los policías municipales. Aunque honestamente hay nulas probabilidades de que lo haga, pues su trabajo, servicio y lealtad responden solo a los intereses de su jefe que es Galindo Ceballos. Tampoco esperemos que el Ayuntamiento de la Capital a través de Jorge Andrés López Espinoza, aborde el grado de responsabilidad así como las posibles sanciones hacia los padres, madres, representantes o tutores de lxs menores que se encontraban al interior de Greko Latino, pues las leyes los señalan como sujetos obligados de garantizar y procurar la integridad y el bienestar físico de lxs menores a su cargo; olvidemos esto porque para Enrique Galindo Ceballos y su administración los únicos y exclusivos responsable de lo sucedido fueron Greko Latinos y la comunidad LGBTTTIQ+.
Mención aparte merece Jorge García Medina quien fue señalado en su momento de incurrir en actitudes misóginas y machistas de las que se valió para lograr ser re-acomodado por Galindo Ceballos como Director de Comercio en la capital tras sus grises y pobres resultados al frente de la Delegación de Villa de Pozos. Cuentan algunxs testigxs que el pasado sábado 02 de julio, previo al inicio ese día del Operativo Sello, este funcionario se encontraba en las inmediaciones de Plaza de Armas lugar donde se llevaba a cabo el evento de clausura de la XI Marcha por los Derechos de la Comunidad LGBTTTIQ+ en San Luis Potosí, especialmente se encontraba degustando alimentos y bebidas en la denominada cantina de autor “La Histórica”, ubicada en el cruce de Damián Carmona y Álvaro Obregón. A varixs de sus amigxs y conocidxs con los que se encontraba en la mesa les preguntó: “¿A dónde iras a celebrar hoy?” La variedad de opciones de respuesta a su pregunta fue amplia, sin embargo cualquiera que fuera el lugar que le mencionaran, García Medina mencionaba: “No importa… hoy no los voy a molestar?”
¿Acaso la aplicación de los reglamentos municipales en materia de comercio es “molestar” los intereses económicos de los dueños de los centros nocturnos? ¿Cuál será la cuota o los parámetros que determinan la decisión de García Medina de ir o no a “molestar” a los empresarios de la vida nocturna? ¿O que habrá sucedido después de ese “Día de la Marcha” para que el titular de la dirección de Comercio haya decidido romper el pacto y comenzar a “molestar” a los antros de la comunidad LGBTTTIQ+ particular y especialmente a lxs dueñxs de Greko Latino?
Es del conocimiento público que este no es el primer incidente relacionado con la operación y funcionamiento del antro en cuestión, incluso se tiene registro de episodios más violentos en donde lamentablemente han perdido la vida trabajadores o público asistente. Aun con todos esos antecedentes, hasta el pasado sábado 23 de julio de 2022 Greko Latino tenía licencia y permiso de abrir por parte de la autoridad municipal. Que ahora sea el propio gobierno de la capital el que busca cerrarlo de manera definitiva asegurando tener el aval de la ahora Fiscalía General del Estado con el argumento de que acumula negros antecedentes, solo confirma que había contubernio entre los dueños del lugar y algunos integrantes de las direcciones o áreas de gobierno que ahora se empeñan en “satanizarlo” y “curarse en salud”. Algo sucedió en el camino que ahora la Dirección de Comercio simula velar por el ordenamiento y regularización de los antros, asegurando que lo ocurrido con Greko Latino es insostenible… ¿Hasta ahora se dieron cuenta de ello?
Aunque no es la primera vez que antreros de la comunidad LGBTTTIQ+ denuncian hostigamiento y clausuras fundadas en la homofobia por parte de la autoridad capitalina, y pareciera que lo ocurrido el pasado fin de semana en Greko Latinon es un caso menor, la realidad es que está lejos se serlo. Por un lado está la responsabilidad y obligación de lxs empresarixs de estos giros a regularizarse y cumplir con la normativa vigente para seguir operando, y por otro lado está la autoridad capitalina que debe hacer cumplir la ley en todos los casos, y no solo a contentillo y discrecionalidad; “o todos coludos, o todos rabones”. De lo contrario toda acción no será más que simulación con tufo de corrupción y discriminación. Las cartas están sobre la mesa; la guerra entre la administración municipal de Enrique Galindo Ceballos hacia los empresarios dedicados a la vida nocturna de la diversidad ya tiene su primer capítulo y, desgraciadamente, los derechos y logros simbólicos de la comunidad LGBTTTIQ+ en San Luis Potosí están en grave riesgo de retroceder.
(El presente texto es una colaboración, las afirmaciones aquí expresadas no representan la postura del medio.)
