- Realizaron rueda de prensa para exponer sus motivos y la situación que actualmente enfrentan
Esta mañana, en rueda de prensa, dirigida por el activista Carlos Covarrubias Rendón y comuneros, se dio a conocer una situación que acontece a los defensores de la Sierra de San Miguelito y que señalan como irregular y posible acto de intimidación por las acciones de defensa del territorio que ellos promueven.
Ante los medios que acudieron a la convocatoria, Covarrubias Rendón comentó que él y otros de sus compañeros recibieron un citatorio por parte del nuevo procurador urbano de San Luis Potosí, del que señalan que poco se les explicaba el motivo del requerimiento, salvo “para platicarnos sobre un asunto ubicado en la calle de Xicoténcatl”. Para ello, los activistas dicen haber encontrado que se trataba de un asunto relacionado con una comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos, Tierra Blanca y San Miguelito, donde los comuneros tienen su punto de vista y lo respetan; lo que extraña a los activistas que se les haya citado a ellos. De la misma manera, y al mismo tiempo, recibieron otro citatorio por parte de la Fiscalía del Estado, “ambos expedidos el mismo día, 22 de julio, para comparecer el día de hoy. Al parecer, es una audiencia conciliatoria en aquella instancia, pero ¿por qué a nosotros?”, afirmó Covarrubias Rendón.
El activista dio los nombres de los compañeros citados, entre ellos a una comunera de la tercera edad llamada Virginia, a Noel de la Rosa, a otro compañero más y a Covarrubias Rendón. Dijo desconocer el motivo del citatorio, y compartió su impresión de que pudiese estar relacionado con “una serie de problemas que pertenecen a la voluntad de los comuneros”, y no de ellos. Por tal motivo, lanzó la pregunta “¿Por qué, por una parte, nos llaman a un tema de información sobre cuestiones urbanas en un predio y, por el otro lado, nos dicen que estamos involucrados en un asunto de carácter penal?”. Como posible respuesta encontró la defensa del territorio que ellos han hecho desde un tiempo atrás, a lo que añadió: “Nosotros no vamos a ceder en la defensa de las luchas sociales del movimiento de los guardianes”.
Aseveró que tanto su persona como sus compañeros son respetuosos de la ley, y que no pretenden entrar en provocaciones; sin embargo, externó su desacuerdo con que se pretenda instrumentar, según él mismo dijo, acciones de represión. De la misma manera, recordó a los medios que este tema ya se encuentra en la agenda la secretaria del medio ambiente, María Luisa Albores; el director de comunicación social de presidencia, el procurador agrario nacional y, próximamente, la Fiscalía General de la República, así como de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Respecto al citatorio recibido, comentó que el movimiento actuará con prudencia e inteligencia, y que aprovecharía la invitación, para convocar a miembros del movimiento de La Pila, “que han frenado la privatización de miles de hectáreas en la parte norte de SLP” , y de valle umbroso, “a quienes se le están sufriendo la imposición de temas de energías limpias”, quienes también intentarían hablar de los temas que les ocupan.
Covarrubias Rendón también compartió que se han comunicado con Gobierno del estado, porque, según indicó, se trata de un asunto de estabilidad y tranquilidad social, a lo que añadió: “No creemos que el gobernador se preste a esta situación, y sabemos que esta cuestión tiene que ver con funcionarios de medio nivel que tiene relaciones con los empresarios y los ricos”.
Al respecto, aseguró que “quieren que dobleguemos la causa y les entreguemos el territorio, porque no estamos hablando de una comunidad. A la comunidad nosotros la respetamos. Estamos hablando de una serie de procesos que hay en toda la región que tienen mucho que ver con gente que ya perdió. La gente va a decidir el destino de su tierra, nadie se los va a robar, pero no porque un fraccionador los quiera obligar, y ahí sí hay delito, ahí hay una situación que se tiene que querellar”.
Reiteró su interés por buscar el origen de los citatorios recibidos y conocer quién está detrás de ello: “No tenemos ningún problema en cuanto a que se investigue lo que tenga que investigar”; tampoco vamos a caer en provocación ni en la intimidación”. Así también dijo que se buscará la intervención del gobierno federal, pues, como recordó, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, está atento de la seguridad de los guardianes de la Sierra de San Miguelito y del movimiento, por tanto, esperan las acciones del gobierno federal para proteger su seguridad e integridad.
Entre las afirmaciones hechas en la rueda de prensa, se encuentra que el Ayuntamiento capitalino tendrá que homologar el decreto de área natural protegida a sus proyectos de desarrollo urbano, pues, de lo contrario, podría incurrir en desacato: “están obligados a hacerlo. Ya se emplazó al presidente municipal, y si no responde, podría ser sujeto a un juicio de responsabilidad”, agregó.
El problema de la Sierra, así como de la urbanización tiene un origen anterior a esta administración, como mencionó el activista, quien informó que “el Instituto Municipal de Planeación anuló dos decretos de áreas protegidas en la ciudad de San Luis Potosí, y uno de ellos es el área de protección de la cuenca hidrológica, y lo hizo Javier Nava, y el Implan, que, por cierto, el área jurídica es la misma actualmente que la que estaba con Javier Nava, y anularon el área que protege el mantenimiento del acuífero de la ciudad de San Luis Potosí, que porque no hace falta, y lo tengo por escrito”. Por tanto, argumentó que no es posible que por un tecnicismo, ya no esté protegido el acuífero de San Luis Potosí, “porque alguien tuvo la ocurrencia de que eso estorbaba para urbanizar el territorio”.
Destacó que el único interés ha sido la solicitud de información, la transparencia y la legalidad en ese asunto: “¿Qué hemos pedido a municipio? Primero, respeto, que informe. Hay un lineamiento emitido por el gobierno federal que determina que en el ejido de La Pila hay una nomenclatura de usos de suelo que refiere a actividades agrícolas ganaderas, que es un documento vigente, desde el año 2012, y que ignoraron los del ayuntamiento cuando pretendieron privatizar La Pila”.
Con tal motivo, dijo también tener la intención de buscar al actual presidente municipal, maestro Enrique Galindo, para presentarle una agenda de temas, “si hay oportunidad, pues sabemos que le entregaron el municipio en una situación para llorar, de la pasada administración”, agregó.
El activista puntualizó, además que existen dos temas que son estructurales para la ciudad de San Luis Potosí: el de la seguridad, que corresponde a la concurrencia federal, estatal y municipal, y el del agua, de igual forma. Sobre el segundo, informó a los medios que son temas pendientes de administraciones anteriores, como el tema de la presa El Realito: “Si ahorita El Realito se está pulverizando y está en picada, es por un asunto que viene desde el origen, ¿para qué pusieron el Realito en zonas residenciales? Uno de los seis tanques de almacenamiento del Realito se encuentra en el corazón del Gran Peñón. En 2008, cuando se aprueba por parte del cabildo de SLP la construcción de la presa del Realito, se ubican seis tanques de almacenamiento, uno de ellos en el entonces ejido del Aguaje. El entonces director de la comisión estatal del agua, era Urbano Díaz de León, uno de los principales accionistas, junto con Marcelo de los Santos del Gran Peñón, qué casualidad que pusieron uno de los tanques allá arriba. ¿Por qué otro de los tanques está ubicado en lomas, donde no falta el agua, y en otras colonias hasta nos andamos matando? Es un asunto que amerita una auditoría del gobierno federal y fincar responsabilidades a los que han traficado el agua y a los que han sumido en un estado de caos a la ciudad de San Luis Potosí”, según sus palabras.
Para finalizar la rueda de prensa, el activista y sus compañeros presentes reafirmaron su interés por el esclarecimiento del asunto y compartieron que San Luis Potosí tiene muchos temas pendientes en cuanto a agua y urbanización, problemas heredados de administraciones pasadas, que actualmente afectan seriamente a la población potosina, como es el desabasto de agua en muchas zonas, sobre todo populares, de la capital.
