Al Gobierno del Estado de San Luis Potosí
A la Fiscalía General del Gobierno del Estado
Al Congreso del Estado de San Luis Potosí
A la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
A la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a su respectivo Consejo Consultivo
Al Instituto de las Mujeres del Estado y a su respectivo Consejo Consultivo
Al Gobierno Municipal de San Luis Potosí
A las mujeres, organizaciones y colectivas
A la sociedad en general
Lo que buscamos con nuestra lucha es verdad, justicia, memoria y reparación por los feminicidios de nuestras hijas y hermanas.
La impunidad en los feminicidios manda un mensaje de permisividad que afecta cualquier estrategia de prevención que implementen, esto es responsabilidad directa de los gobiernos.
Una de las mejores maneras de demostrar sus manifiestos compromisos con las mujeres y con las víctimas es atendiendo a sus obligaciones en materia de derechos humanos para garantizar la justicia, la memoria, la verdad y la reparación para todas las víctimas de feminicidio y sus familiares en San Luis Potosí.
Nos preocupa la declaración hecha por el Secretario General de Gobierno. Nos preocupa que no comprenda que nuestra exigencia de una Fiscalía Especializada en Feminicidios es porque las instancias que ya existen no nos han cumplido: las investigaciones por los feminicidios de nuestras hijas no son diligentes ni tienen perspectiva de género, habemos quienes ni siquiera teníamos copias de nuestra carpeta de investigación, ni conocimiento sobre los actos de investigación de nuestros casos.
Tristemente, las muertes violentas de mujeres y los feminicidios van en aumento en el estado.
Nos enteramos del feminicidio de la menor Chuyita Rodríguez Rodríguez, en el municipio Villa de Arista; una muerte que destroza a otra familia potosina y afecta las dinámicas sociales de las mujeres que habitan en su comunidad. Vimos en medios la rápida respuesta de la Fiscalía General del Estado, pero observamos que, lamentablemente, la comunicación que las autoridades han tenido con la familia es nula.
Por lo que les hacemos saber que:
- Exigimos justicia para todas nuestras hijas y hermanas, y para todas las familias de víctimas.
- Que las autoridades investiguen siguiendo los protocolos existentes garantizando que se haga con perspectiva de género. Queremos saber la verdad en nuestros y en todos los casos, y que las personas responsables sean sancionadas.
- Reiteramos nuestra exigencia a la creación de una Fiscalía Especializada para la investigación del delito de feminicidio en San Luis Potosí, que concentre todos los casos de muertes violentas de mujeres en el estado, que cuente con los recursos necesarios y con el personal preparado, que atienda con dignidad a las y los familiares de víctimas y que su proceso de creación se haga de manera transparente, abierta y con participación de familiares de víctimas y de la sociedad civil organizada.
- Exigimos la escucha efectiva por parte de todos los niveles de gobierno hacia familiares de víctimas, incluyendo a quien encabeza al Poder Ejecutivo, el Lic. Ricardo Gallardo Cardona: proponer la pena de muerte para los feminicidas y la castración por violación, son medidas punitivistas que van en contra de la reforma constitucionales del 2008 y el 2011. Se necesitan medidas que ayuden a la reparación del daño, a la escucha efectiva de las víctimas y a dar garantía de justicia para nuestras hijas y nuestras familias.
- Hacemos un llamado a que el camino que hemos emprendido para la construcción de mecanismos para la permanencia y conservación del memorial en Plaza de Armas sea tomado con seriedad por parte de todas las autoridades involucradas y que garanticen la participación de familiares de víctimas. El memorial es un recordatorio permanente a las autoridades sobre la impunidad prevaleciente en los casos de feminicidio en el estado; nombra y honra la vida de nuestras hijas y visibiliza nuestra lucha por la justicia. Cualquier acción o decisión en torno al memorial que se realice sin consultar a las familias es y será sentido como un agravio contra la memoria.
El Estado y sus instituciones no han comprendido aún que ante un feminicidio las voces y la participación más importante es la de las y los familiares como víctimas indirectas y personas ofendidas. Por lo tanto, les recordamos: ¡Sin las familias, no!
Manifestamos nuestra solidaridad a todas las familias que, como nosotras, buscan justicia.