– Este 29 de septiembre, el poder judicial tomará una decisión trascendental para detener la impunidad de Adolfo Karam Beltrán, aún prófugo con ficha roja de interpol; o confirmar que la corrupción sigue ganando espacio judicial.
– En los últimos años diversas decisiones judiciales han beneficiado a los pederastas y perpetradores de esta red de macro criminalidad.
– El Consejo de Derechos Humanos de Nacionales Unidas emitió la primera resolución contra el Estado mexicano solicitando #JusticiaParaLydiaCacho que sigue en incumplimiento pese a las disculpas públicas ofrecidas por SEGOB.
La creciente violencia sexual que viven niñas niños y adolescentes en México, está directamente relacionada con los altos niveles de impunidad en las fiscalías y en el sistema judicial mexicano. El 16 de diciembre de 2005, la periodista mexicana y defensora de los derechos humanos Lydia Cacho fue ilegalmente arrestada, torturada durante veinte horas, fue torturada física y psicológicamente, además de sufrir tocamientos e insinuaciones sexuales y ser amenazada de muerte de manera verbal y física.
La periodista fue encarcelada y sometida a juicio durante un año, en Puebla, tras publicar el libro «Los Demonios del Edén”, que documenta la existencia de una red criminal de pornografía infantil y lavado de dinero, con la participación de 19 servidores públicos, con altos niveles de complicidad con grupos de poder político y dentro del poder judicial. Entre otros: tres gobernadores, una jueza estatal, una procuradora de justicia de Puebla y un procurador de Quintana Roo, un senador, un presidente del Tribunal Superior de Justicia, un director de cárcel, cinco policías y dos sicarios contratados por el empresario textil.
En 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que su investigación: “se quedaba corta frente una apabullante realidad de trata y explotación infantil protegida por miembros del Estado mexicano”. A pesar de las trabas orquestadas por los implicados en actos de corrupción y crímenes contra la niñez, se logró que Jean Succar Kuri, líder de la red de pornografía infantil, recibiera 112 años de prisión. La primera y más importante sentencia en América Latina por estos crímenes.
El 31 de Julio de 2018, en Ginebra, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, emitió la primera resolución contra el Estado mexicano en la historia. En ella, exige a las instituciones mexicanas la reparación del daño integral a Lydia Cacho; reconoce que fue detenida ilegalmente, torturada y revictimizada por el Estado mexicano. El Comité, exigió garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sancionar a los presuntos responsables, la gran mayoría prófugos de la ley, que hasta ahora mantienen intacta esta red criminal que sigue amenazando la vida de la periodista, quien ha sido cobijada por el gobierno español otorgándole refugio.
En 2019 la Interpol giró ficha roja internacional para Adolfo Karam Beltran, ex Director de la Procuraduría de Justicia, propietario de agencias de seguridad privada, y cómplice del secuestro, tortura y encarcelamiento de la periodista. Este jueves 29 de septiembre pretenden absolverlo, como parte de la estrategia jurídica de diluir las ordenes de aprehensión, como ya sucedió con el amparo que ilícitamente liberó a Kamel Nacif de cargos por los que el gobierno le ofreció disculpas a la periodista, reconociendo su responsabilidad. Las niñas y niños víctimas de esta red de trata y explotación sexual siguen esperando la reparación del daño que un juez ordenó hace 7 años, mientras el poder judicial y la fiscalía general de la República siguen garantizando la impunidad.
Es injusto que la investigación periodística de estos hechos criminales se traduzca en el exilio de Lydia Cacho, es injusto que las víctimas sigan sin reparación del daño y es más injusto que el poder judicial continúe liberando a los responsables de estos hechos criminales, de seguir con la impunidad, México estará fallándole a niños y niñas víctimas de la violencia sexual organizada.
Durante estos 15 años la periodista y las organizaciones que acompañamos la promoción y defensa de los derechos de la niñez hemos mantenido la batalla y la exigencia para que se frene la impunidad. Por ello, exigimos al Estado mexicano, al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Gobernación, al Ministro Saldivar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la fiscalía general y a los gobiernos de Puebla y Quintana Roo, actuar conforme al interés superior de la niñez. Y cumplir inmediatamente con la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU:
A) Publicar el extracto de la decisión del Comité en los medios de mayor circulación nacional.
B) Hacer efectivo el plan de reparación integral acordado entre las partes, que incluye la disculpa pública a Lydia Cacho tanto del gobierno federal como de los Estados de Quintana Roo y Puebla.
C) Dar acceso pleno e irrestricto a la víctima y a su defensa sobre los avances en la investigación. Se le ha negado acceso a su expediente.
D) Promover de manera efectiva y concreta la derogación de los tipos penales que hoy son utilizados para criminalizar periodistas.
E) Detener y juzgar a todos los implicados, ya que las pruebas son jurídicamente suficientes para ello. Las redes de trata de niños, niñas y mujeres en México pertenecen a la delincuencia organizada y están relacionadas con instituciones y empresas mexicanas. El perdón político no es aceptable.
