Por Ana Dora
La arbitrariedad que impera en el caso del compañero Daniel Esqueda actúa como mecanismo de censura para el resto de los periodistas.
A cinco años del homicidio del fotoreportero Edgar Daniel Esqueda Castro, la impunidad prevalece en su caso, recientemente la FEADLE* desechó la investigación, mientras que la Fiscalía General del Estado hizo perdediza la carpeta, y aunque se sabe que los presuntos responsables eran agentes de la Policía de Investigación, la actual administración se niega a reconocer su responsabilidad.
Y todo parte de la inoperancia e ineficacia del Estado, que no garantiza la integridad física y psicológica de los que ejercemos la libertad de expresión.
Edgar Daniel Esqueda Castro, era fotoreportero de 25 años de edad, que cubría la fuente de seguridad y justicia para dos medios locales; el jueves 5 de octubre de 2017, fue secuestrado por varios sujetos que ingresaron a su domicilio y se identificaron como ministeriales. Un día después, fue encontrado sin vida en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional “Ponciano Arriaga”; semidesnudo, con las manos atadas a la espalda y visibles huellas de tortura.
Contaba con medidas de protección vigentes dictadas a su favor por la Fiscalía; dos meses antes de su muerte Daniel había denunciado amenazas de policías ministeriales. El entonces Comité Estatal de Protección a Periodistas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de SLP, incluso la autoridad federal a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación tenían conocimiento de la situación de riesgo en que estaba el reportero, pero fueron omisos.
La reevictimización que fueron objeto Edgar Daniel y su familia, propició la súbita muerte de su madre, la señora Verónica. Por la difusión dos semanas después de su muerte, de un video donde aparece Edgar Daniel con los ojos vendados obligado a pronunciarse criminalizando la labor periodística del gremio.
Sin avances significativos en la carpeta de investigación de su homicidio, tampoco se señalan imputados, pese a que existen elementos que atribuyen la privación ilegal y su muerte a agentes de la policía de investigación como presuntos responsables; entonces no habrá judicialización ni vinculación a proceso, mucho menos una reparación del daño a las víctimas, el caso de Daniel Esqueda quedará impune y su familia permanecerá bajo la injusticia.
El homicidio del fotoreportero se suscitó durante la administración estatal de Juan Manuel Carreras López, y aunque el actual gobierno que encabeza Ricardo Gallardo Cardona ha manifestado tener disposición e interés para garantizar la integridad de los periodistas, con la reciente conformación de un Mecanismo Estatal, aún no logra mejorar las condiciones para ejercer la libertad de expresión en San Luis Potosí; la inseguridad que merma la región, el dinamismo de la labor informativa, superan las acciones y buenas intenciones de ese órgano colegiado; aunado a una Ley obsoleta, que no se cuenta con instrumentos vinculantes, y que no tiene facultad para investigar agresiones a periodistas, mucho menos para emitir medidas eficaces de protección, por ello el Estado sigue sin garantizar la vida de sus periodistas.
- La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión.
