Por Ana Dora
En noviembre de 2020, este medio de comunicación publicó la nota “Desaparece adolescente migrante, bajo tutela del Estado”, trabajo informativo que expone el caso de Sindy Imeri Montoya Damián, una joven de origen guatemalteco en situación migratoria irregular que bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí y la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (PPNNA), fue sustraída de un albergue provisional que atiende a “mujeres embarazadas” y que es dirigido por monjas.
Betania AC, la institución asistencial ubicada en el Barrio de Tequis que brindó alojó provisional a Sindy Imeri del quince al diecinueve de agosto de 2020; se trata de un lugar a favor la vida, para madres solteras, dependiente de la congregación Esclavas del Divino Corazón, y que forma parte de la Clínica Jesús Noyola, especializada en obstetricia y maternidad que atiende a mujeres jóvenes embarazadas y madres solteras, ello significa que posiblemente la joven de diecisiete años estaba embarazada al momento de ser sustraída.
El 19 de agosto la PPNNA dio aviso a la autoridad migratoria de la “sustracción de Sindy Imeri del albergue Bethania”, mencionando la condición de embarazo de la migrante; la representación del INM en San Luis Potosí en ese entonces dirigida por Yolanda Camacho Zapata, desconocía el estado de la joven, debido a que “no fue posible que el oficial de protección a la infancia la visitara”. Y fue esta autoridad quien solicitó a la Fiscalía General del Estado, emitiera Alerta Amber para su localización.
En ese entonces, buscamos la postura de diversas autoridades en materia, principalmente de Camacho Zapata, pero nos remitió a las oficinas centrales INM. También intentamos contactar al entonces procurador Miguel Cardoza Mora, así como al cónsul de Guatemala en San Luis, pero de ninguno obtuvimos respuesta.
Alejandro Leal Tovías, actual diputado local y quien fungía como secretario general de gobierno en 2020, desconoció el caso, además dijo no saber la razón por la que la migrante fue albergada en una casa de asistencia privada y no en la “Estancia Temporal de Regreso a Casa”, un espacio inaugurado en febrero de ese año por Juan Manuel Carreras López, gobernador potosino, la directora general de Protección al Migrante, Ruth Villanueva Castilleja, la presidenta del Sistema DIF Estatal, Lorena Valle Rodríguez, y demás autoridades migratorias. La Estancia daría alojo temporal a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, “reconocida por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (…) que garantiza el cumplimiento de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño”.
Así mismo, buscamos a Hugo Ulises Valencia Gordillo, quien era el subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, al igual que el resto de los funcionarios, desconoció, sin embargo ufanándose dijo “somos reconocidos a nivel nacional por los protocolos en el tema del trabajo de menores migrantes”. Declaración imprecisa, ya que posteriormente se registraron más casos de desaparición de niños migrantes bajo responsabilidad del Estado potosinos.
Con la nota de Octopus Mx la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició queja de oficio y remitió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); y tras una investigación de dos años, se confirmó de certera la información que expusimos en ese trabajo informativo; y de alguna manera ello nos convirtió en la parte quejosa del procedimiento administrativo; y en el mes de noviembre de 2022, a través del oficio no. 1276/2022 se nos informó la determinación de la autoridad federal donde se destacan una serie de omisiones por parte del personal de la PPNNA SLP así como del INM. “Servidoras públicas”, dice el documento, quienes incurrieron en inobservancias al no haber resguardado el interés superior de la adolescente, por lo que se dio vista al Órgano Interno de Control del INM así como a la CEDH por ser instancias competentes para conocer dichas omisiones.
A casi tres años de la desaparición de la joven guatemalteca, de la movilidad de los funcionarios responsables que ahora ocupan nuevos cargos públicos; de la reciente inauguración por el actual gobierno de Ricardo Gallardo Cardona del refugio para niños niñas y adolescentes migrantes no acompañados «Un refugio en el camino», una adecuación y ampliación de la “Estancia Temporal de Regreso a Casa” creada en el sexenio de Carreras López y que poco o nada fue utilizada; el caso prácticamente fue archivado y dejado en el olvido, entonces nadie buscó a Sindy Imeri, víctima de una Política Migratoria fallida.
Este trabajo informativo fue realizado con información oficial del expediente 10957/Q/2020 de la CNDH, del cual somos parte del procedimiento.
