(El siguiente no representa la postura de este medio)
En días pasados, Francisca Reséndiz Lara, en conferencia de prensa, detalló que el mandatario estatal recurre a la mentira cuando aseguró que el desalojo violento que sufrieron las y los trabajadores, presuntamente fue causado por no permitir una extorsión por diez millones de pesos de parte del organismo gremial, a lo que le solicitó mostrará la supuesta denuncia y el fallo del juez que justificó la desocupación, o en otro caso, sí tuviera las pruebas del supuesto ilícito que les atribuye, acudiera a la Fiscalía General del Estado (FGE) a presentar querella, para sancionar a quien resulte responsable, pero sí no tuviera elementos, se retractará públicamente, dijo.
De igual forma le solicitó audiencia al diputado, Eloy Franklin, para que haga lo propio, porque ha denunciado el presunto chantaje, y al igual que el mandatario, debe comprobar sus dichos, o desdecirse.
Explicó que el secretario general de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez fue quien les ofreció el pago del 50% del adeudo salarial de 65 trabajadores activos, a los que ilícitamente el gobierno estatal les retiene el sueldo desde que inició la actual administración, así como cubrir los débitos similares de personal de la FGE y de las guarderías del SITTGE, lo que el Sindicato aceptó, y cuando esperaba una reunión acordada, para que se cumpliera con la entrega de cheques al citado personal, fue cuando se les reprimió arteramente, donde la policía estatal golpeó a personas discapacitadas, mujeres, niñas y niños.
Añadió que Torres Sánchez también se comprometió a que este martes 11, o miércoles 12 de abril, el titular del ejecutivo estatal les daría audiencia a los miembros del organismo gremial, confiando que pudiera darse la cita, para decirle a Gallardo Cardona que sus funcionarios han incumplido la minuta que su gobierno firmó el ocho de abril del 2022, donde aclaró que no exigen dinero, sino el pago de sueldos que les debe a más de 278 trabajadores desde hace más de un año, y lamentó que quiera evadir su responsabilidad, mediante la represión policial y la infamia contra el SITTGE.
Le exigió que se asuma como gobernador de la ciudadanía y como patrón, no como un violador de sus derechos humanos y laborales, al denunciar que Gallardo Cardona sigue con la violencia institucional al despedir a elementos discapacitados de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, por difundir el desalojo violento en sus redes sociales, llevando la represalia hasta sus familiares, resaltando que sigue utilizando el garrote contra los integrantes del Sindicato, “hemos dicho que con la fuerza pública, con la represión, cualquiera puede gobernar, y es lo que estamos viendo”, destacó.
Precisó que el SITTGE no ha rotó el diálogo, ni las mesas de trabajo, sino lo hizo el propio gobierno estatal, por lo que espera que éste solucione sus justas demandas laborales, y adelantó que solicitarán una entrevista con el Arzobispo, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, para que les explique la participación del representante jurídico del Arzobispado, Marco Antonio Luna Aguilar en la confabulación del gobierno del estado para reprimir a las y los miembros del Sindicato, con el engaño de mediar en el conflicto laboral.
Por su parte, el asesor jurídico del Sindicato, Francisco Parra Barbosa explicó que Gallardo Cardona no puede gobernar desde la ignorancia, porque a pesar de señalar que estudió leyes, sin poderlo comprobar, la realidad es que la manera autoritaria en que ejerce el poder demuestra su incapacidad, la que deriva en la violación sistemática de los derechos humanos de los miembros del Sindicato, pues tiene sometido al Poder Judicial, al Poder Legislativo y a la FGE, cumpliendo sus órdenes, sin acatar el estado de derecho, criticando que ilegalmente se les prive de sus derechos y los reprima, asumiendo facultades que no tiene.
En la conferencia de prensa, el trabajador, Luis Ángel Loredo Games relató la golpiza que sufrió por parte de cinco elementos de la policía estatal, a pesar de tener discapacidad, y estar manifestándose para que se le regrese su empleo y el servicio médico para atender su salud, de igual forma, su hermano, Daniel refirió que cuando los intentó cubrir con su cuerpo, para evitar las agresiones de los agentes, también fue golpeado severamente, en tanto, se mostraron los comprobantes médicos de las lesiones que les causaron, al igual que a otros cinco miembros del Sindicato. (Boletín)
