Redacción Octopus
La semana pasada, a través de comunicados, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí publicó que se iba a empezar a mover el centro de información de posgrados, ubicado en el edificio de Sierra Leona, número 550, con el fin de que ese espacio se usara para la Incubadora de Negocios de la institución. Al respecto, la comunidad de posgrado reaccionó expresando su opinión en contra del desplazamiento y compartiendo una petición en la plataforma Change.org, asimismo, formaron una asamblea, que busca dar una solución real a la situación.
El día de hoy, una comitiva representante de esa comunidad se reunió con el rector, doctor Alejandro Zermeño, con el propósito de externarle su preocupación con respecto al aviso de desaparición del centro de información que les da servicio como comunidad, y que corre el riesgo de la disgregación de sus contenidos.
Respecto a la situación y los primeros alcances de esa junta, en entrevista, el doctor Alejandro Rosillo Martínez, profesor investigador del posgrado de Derechos Humanos, comentó que la extrañeza del proyecto de reubicación repentina ha sorprendido a la comunidad de posgrado, pues ese edificio, dentro del catálogo de los inmuebles de la universidad, está como una unidad de estudios de posgrado, y el edificio se llamaba, desde su creación, Edificio Multidisciplinario de Servicios para Posgrado. Sin embargo, a partir del año pasado, se le ha ido cambiando el giro a ese edificio, para llevarlo al ámbito de vinculación social, a través de la incubadora de negocios, con convenios externos implicados.
El investigador comentó que, en esta primera reunión, “el rector se comprometió a que, por lo pronto, no se va a mover la biblioteca, aunque dijo que la biblioteca se tiene que trasladar por motivos de seguridad, nosotros pedimos que ese traslado cumpla con los mínimos estándares de derechos humanos, es decir, con el principio de progresividad. No nos pueden dar un espacio bibliotecario de menos calidad. Debe ser un espacio con la misma calidad, con los mismos metros cuadrados o más, con las mismas funcionalidades. Y además con la misma accesibilidad, tanto para colegas con discapacidad, como acceso para todos los estudiantes”.
Asimismo, compartió que se dio otro argumento diferente a la versión oficial compartida la semana pasada, pues ahora el rector les indicó que sería por temas de protección civil, pues “cualquier ingeniero diría que un acervo bibliográfico no puede estar en una segunda planta”, según sus palabras.
En respuesta, el investigador agregó que “Hay estudios e informes de si hay cuartaduras, pero no dicen eso, sólo nos dijo que el acervo no puede estar en un tercer piso”. Por lo que comentó que todo parece indicar que es por temas de la ampliación de espacio de la Incubadora de negocios, pues el edificio ha sido ocupado paulatinamente por personas ajenas a la universidad, que tienen convenio.
Lo contradictorio, además de la información diversa proporcionada por la institución, a través de sus cuentas oficiales, y lo que dice el rector, es que la biblioteca es la única parte del edificio que quieren cambiar por supuestos motivos de seguridad, ya que “en la parte de abajo están muy bien asentadas todas estas empresas privadas que están prestando servicios, pero no son universitarios, y de éstas no se está mencionando nada de mover por seguridad, sólo la biblioteca”.
La desintegración de la biblioteca parece ser sólo la punta del iceberg de la situación real, pues la comunidad de posgrado externó su preocupación al rector, al sentir que se les están restringiendo los espacios: “Expusimos el sentimiento de la comunidad de posgrado, poco a poco, excluidos y expulsados de un espacio que, originalmente, desde 2003 se construyó para dar servicio a los posgrados, que paulatinamente, a través de diversas prácticas, microspoderes, han generado que la comunidad de posgrado se sienta fuera de esos espacios”, explicó.
Además, en palabras del catedrático, el hecho de llevar la biblioteca o su contenido a áreas lejanas a sus instalaciones, podría recaer en discriminación geográfica, y violar el derecho a la educación, a la ciencia, el de igualdad, no discriminación y otros.
Por último, declaró que la comunidad de posgrado no cree necesario el traslado de esa biblioteca pues “como comunidad universitaria, estamos muy contentos con esa biblioteca, con el servicio, los recursos, el personal, al contrario, deberían dar más recursos. Nosotros decimos que la biblioteca debería quedarse”. Sin embargo, en caso de ser removida, el nuevo espacio deberá cumplir con el principio de progresividad y acceso a la comunidad, libre de barreras y discriminación.
Aunque no se tiene una respuesta definitiva, el primer avance de esta comitiva está en lograr la palabra provisional del rector de no mover la biblioteca. Las acciones futuras implican una reunión solicitada por dicha asamblea con personal de vinculación social, así como una reunión de la asamblea en la biblioteca de posgrado, donde decidirán qué más acciones tomar. A esta reunión se espera que asistan expertos en temas de constitución, amparo y derechos humanos.
