- Advierten la intromisión de grupos políticos quienes a través de la presión influyeron en la decisión del Consejo de la Judicatura.
Abogadas, activistas y mujeres víctimas de violencia vicaria, hicieron acto de presencia la mañana de este viernes en la sede de la Ciudad Judicial de San Luis Potosí, para manifestar su inconformidad por el cambio de adscripción de Oralia Solís Aguilar, quien estaba en el Juzgado Primero Familiar y fue removida a un juzgado menor en el interior del estado.
Las inconformes señalan que la decisión del Consejo de la Judicatura no fue objetiva y que se debió a presiones de grupos externos y mediáticos. Por lo que hacen un llamado a los magistrados para que analicen objetivamente la situación y velen por los derechos de los niños y niñas.
- Comunicado del Frente Nacional Contra la violencia Vicaria, la Red de Abogadas Potosinas y Lúminas Centro de Derechos Humanos.
Dentro de un estado de derecho se privilegia el respeto al marco jurídico y sobre todo a los Derechos Humanos, especialmente de aquellos grupos de personas que se encuentran más vulnerables. En ese sentido, es que, manifestamos que acciones como la que hoy emitió el Consejo de la Judicatura a fin de remover de su cargo a una jueza, por el simple hecho de realizar su trabajo apegado a la garantía de los DDHH, la perspectiva de género, la perspectiva de infancias etc., es absolutamente inaceptable, pues vulnera de manera irreparable los Derechos Humanos de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Además, envía un mensaje al resto de las personas juzgadoras, a través del cual deslegitima el uso de las mencionadas herramientas, e incentiva a que cada persona juzgadora resuelva los asuntos con criterios discrecionales y no con criterios obligatorios y de avanzada que procuran un mayor beneficio.
Si bien es cierto que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que los hombres y mujeres son iguales ante la ley; en la realidad y en la vida cotidiana son las mujeres quienes se encuentran con mayores obstáculos y ejercicios de poder en los procesos jurídicos, lo cual no permite que gocen en igualdad de circunstancias de los mismos derechos que los hombres para acceder a la justicia.
Por otro lado, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, es un principio de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), cuya aplicación busca la mayor satisfacción de todas y cada una de sus necesidades. Y su aplicación exige adoptar un enfoque basado en derechos que permita garantizar el respeto y protección a su dignidad e integridad física, psicológica, moral y espiritual. El interés superior debe ser la consideración primordial en la toma de decisiones relativas a niñas, niños y adolescentes, “por tanto se debe conceder más importancia a lo que sea mejor para niñas, niños y adolescentes, pues al estar en proceso de formación y desarrollo, por sus características particulares dependen de las personas responsables de su cuidado para la realización de sus derechos; sin embargo, esta circunstancia puede llegar a limitar sus posibilidades de defender sus intereses.
Así pues, todos los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos (federal y locales) mexicanos y por supuesto los que se ubiquen en el estado de San Luis Potosí, tienen la obligación de tomar en cuenta el interés superior como una consideración primordial y promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas menores de edad de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Finalmente, insistimos en la existencia de un Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que se sistematizan los estándares aplicables sobre el tema con la finalidad de guiar a las y los impartidores de justicia en la implementación de esta metodología; el cual es de uso obligatorio.
Por lo cual, quienes suscribimos la presente, mujeres potosinas, madres, abogadas, defensoras de derechos humanos y activistas exigimos:
PRIMERO.- Se respeten los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños del Estado de San Luis Potosí. Pedimos que el acceso de justicia se dé desde una perspectiva de género, y no se permita la injerencia de las decisiones bajo presiones políticas que provocan la imparcialidad.
SEGUNDO.-Este Órgano Jurisdiccional, evalúe de forma objetiva los cambios en sus juzgadores y conforme a derecho.
